Riesgoso avance de la impunidad
La impunidad frente a los delitos considerados menores alienta las carreras delictivas, no hace otra cosa que favorecer el incremento del número de delitos y promueve que cada vez se cometan delitos de mayor porte o mayor agresividad.
Todo ello queda evidenciado en la nota de El País, que describe muy bien como la ausencia de sanción o consecuencias frente a la comisión de delitos, no hace más que alentar a los delincuentes y darles la sensación de omnipotencia, que los lleva a persistir en su actividad aún frente a testigos.
Pero esta impunidad que alienta al delincuente, produce al mismo tiempo desazón e impotencia en la ciudadanía, que ve como las autoridades, que son los depositarios del monopolio del uso de la fuerza y la sanción penal, no actúan para poner freno a la sucesión de delitos.
Ello, además de rabia e impotencia, ya sea por haber sido víctima de un delito, o por solidaridad con aquellos que lo han sido, alienta una sensación de que es necesario que otros se encarguen, en la sociedad, de impartir la justicia que las autoridades omiten aplicar en forma efectiva, ante tan flagrante actividad delictiva reiterada por sujetos y en lugares plenamente identificados.
Basta ver los reiterados comentarios en la noticia, expresando que la única solución pasa por la justicia por mano propia, incluyendo la aplicación de castigos físicos ejemplarizantes a manos de particulares, así como la aplicación lisa y llana de la pena de muerte, en muchos casos eufemísticamente llamada rifle sanitario.
Estamos en una situación explosiva, al borde de la anarquía, en muchas zonas de la ciudad, inclusive en barrios antes considerados alejados de estas situaciones.
Esto se refleja en la pérdida del ejercicio de la autoridad estatal, y la sustitución del estado por la acción de particulares, en esta etapa delincuentes, que determinan mediante la aplicación de sus propias leyes quien pasa y quien no sin ser robado, además de que en muchos casos establecen la justicia por mano propia, inclusive con la pena de muerte, dictada y ejecutada por particulares, eufemísticamente llamada ajustes de cuentas, para que no parezca lo que es.
En otros países ya se vivió esta situación y evolucionó hacia la aparición de grupos civiles armados, que decidieron aplicar la justicia que el gobierno omitía aplicar. Así surgieron los escuadrones de la muerte en Brasil, los Pepes y diversos grupos paramilitares en Colombia, y también en las favelas de Río actualmente.
Nada bueno puede esperarse de estos grupos, así como tampoco de ningún gobierno que gobierne por la fuerza y alejado de los controles democráticos.
Pero en la situación actual, cada vez más gente va a estar dispuesta a apoyar soluciones de este tipo frente a la inseguridad creciente, y muchos estarán dispuestos a hacerlo por mano propia.
O se le pone freno a esta situación, evidentemente cambiando radicalmente lo que se ha hecho hasta ahora, que solo ha obtenido fracasos, o seguiremos progresando en esta etapa de sustitución de la autoridad estatal a manos de particulares, que es la evolución natural de la guerra civil molecular, que lleva a una etapa final de anarquía, donde solo se puede volver atrás mediante la toma por parte de alguna autoridad, con ejercicio de la fuerza, del control de la sociedad.
No parece que ni las autoridades, ni los sindicalistas, ni gran parte de los integrantes del partido de gobierno, perciban la gravedad de la situación en la cual se encuentra nuestra sociedad. El propio presidente acaba de minimizar la situación de inseguridad en la cual nos encontramos, en el último consejo de ministros en Florida.
Me hacen acordar a los nobles en Versalles justo antes de la revolución.
Aislados de la sociedad y del mundo, viviendo en un realismo mágico, totalmente desconectados de la realidad.
Hasta que el mundo en el cual creían vivir detrás de las rejas del palacio, se les vino abajo.
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