Impuesto Delincuencial

"El costo que genera la delincuencia globalmente en Uruguay ronda los US$ 1.200 millones. Dado que todos los ítems incluidos en dicho costo, terminan saliendo del bolsillo de los que pagan impuestos al Estado, a través del IRPF o IRAE, lo pasaremos a llamar impuesto delincuencial.
 Si lo recaudado por concepto de IRPF ronda los 1.500 millones, podemos decir con propiedad que los contribuyentes estamos sometidos a una doble carga impositiva. Por un lado la oficial a través del pago del IRPF y por otro lado la extraoficial o impuesto delincuencial, que termina duplicando nuestros pagos impositivos. 
Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, propongo que los contribuyentes puedan deducir del pago del IRPF e IRAE los pagos forzosos que realizan de impuestos delincuenciales. Esto contribuiría a la equidad tributaria, dado que en la situación actual los trabajadores y empresarios pagan doble, mientras que los delincuentes no pagan ningún impuesto sobre sus ingresos.
 Por supuesto que el Estado se resarciría de la pérdida de recaudación cobrando los impuestos correspondientes a los delincuentes estableciendo sus ingresos cuando estos sean procesados.
 Esta medida impactará muy favorablemente en mejorar la seguridad, dado que reducirá el beneficio económico del delito, e incrementará la ventaja del trabajo formal al reducir su carga impositiva. 
Sin duda la DGI pondrá el mismo empeño en fiscalizar con dureza a los delincuentes, como lo hace con los que trabajan honestamente".

Discrepo con el planteo de que incrementar las penas a los reincidentes es un exabrupto.

Ante el planteo realizado por Pablo Mieres en su columna de opinión en Montevideo Portal y publicada bajo el título: "Qué exabrupto, duplicar y triplicar  penas", http://columnistas.montevideo.com.uy/uc_300552_1.html quiero manifestar que discrepo absolutamente con su argumentación, de que la propuesta de aumentar las penas para reincidentes constituye un exabrupto que no contribuirá en nada a mejorar la situación de inseguridad.

Mieres afirma que la política de incremento de penas, ya implementada, no ha servido dado que los delitos no han dejado de incrementarse. Pero la pregunta debiera ser, que hubiera pasado con el número de delitos si no se hubiera aplicado dicha política, hubieran sido menos, o por el contrario hubieran sido aún más que los que tenemos hoy en día?

Si lo que Ud. afirma como cierto fuera realmente así, entonces la reducción de las penas sería el único camino que nos llevaría a obtener una reducción de los delitos. Pero si tenemos en cuenta que en nuestra población carcelaria existe entre un 60 y un 70% de reincidencia, parece lógico pensar que la reducción de las penas, llevaría irremediablemente a un incremento sustancial de los delitos cometidos.

Por otra parte esta política de reducción de penas, ya fue aplicada en el caso de los menores, durante el primer gobierno de izquierda, tanto en forma oficial mediante la reducción de la reclusión y la duración de la misma como pena,  como extraoficialmente mediante la facilidad en las fugas,  y su resultado fue un incremento sostenido de los delitos cometidos por menores. Esto está demostrado por el estudio realizado por CERES a cargo de E. Talvi: "La Delincuencia Juvenil en el Uruguay Desde un Enfoque Económico y Social: Un Aporte al Debate Sobre las Causas y Posibles Soluciones"  http://www.ceres-uy.org/home/index.asp

Por otra parte, en cuanto a su apreciación de la participación de los menores, donde afirma que es marginal dado que son solo 300 los menores privados de libertad, en 10.500 reclusos , o sea que representan solo un 2,85%, no parece corresponderse con las recientes cifras oficiales publicadas del 2013. En ellas se observa que los menores participaron en el 17 % de los homicidios, lo cual implica 43 homicidios perpetrados por menores. http://www.elobservador.com.uy/noticia/276174/menores-participaron-en-17-de-los-homicidios-aclarados-en-2013/?referer=titulares-de-la-jornada

Además en el 2013 se iniciaron 1981 procesos judiciales a menores infractores, que además pueden implicar la participación de varios menores en alguno de ellos. El 74% del total de los procesos fue por hurtos y rapiñas (42 % por hurto y 32% por rapiñas). http://www.elpais.com.uy/informacion/estadisticas-procesos-adolescentes-inau-hurto.html

 Si además tenemos en cuenta que los períodos de reclusión en caso de menores son breves, creo que el incremento de las penas en casos de reincidentes sería realmente efectiva. Además,  en muchos casos que terminan en delitos graves con  muertes en intentos de asalto o rapiñas con lesiones graves o muerte,  es fácil observar que dicho delincuente tiene un largo historial delictivo previo, y a pesar de haber sido procesado, a veces más de una vez, o por más de un delito, y a pesar de ser muy jóven, está nuevamente en libertad, ya sea transitoria o definitiva, y cometiendo nuevos y  más graves delitos. Por lo tanto en estos casos de reincidentes, realmente resultaría efectiva la propuesta de incrementar sustancialmente las penas y evitar las salidas transitorias o anticipadas.  Dicha medida tendría además el efecto de evitar homicidios o lesiones graves a las victimas de estos delincuentes, dado que en general suelen ser crónicas de una muerte anunciada.

Manuel da Fonte   

Medidas para combatir la situación de inseguridad. Lamentablemente pasan los años sin que se intenten medidas para cambiar.

Sr. Presidente de la República
Sr. Ministro del Interior,
Sres. Legisladores:

Dado que la inseguridad es la principal preocupación de toda la ciudadanía, y las políticas implementadas hasta el momento no han logrado una mejoría de la situación, les hago llegar algunas propuestas a su consideración, esperando puedan contribuir en la búsqueda de soluciones a tan grave problema.
Desde ya les agradezco por el tiempo que dediquen a la lectura de las mismas.
Atte., Manuel da Fonte
CI: 1546568-9
099623636

MEDIDAS  PARA MEJORAR LA SITUACION DE INSEGURIDAD PÚBLICA

1- Eliminar el beneficio económico del delito: Urge aprobar y aplicar el proyecto de ley de reparación a las víctimas de delitos (con cargo a los delincuentes)
En la situación actual, la actividad delictiva es pura ganancia, dado que aunque el delincuente sea atrapado y condenado, no tiene obligación alguna de devolver lo robado, ni de reparar el daño causado a su víctima.
Se suele argumentar que los delincuentes no tienen con qué responder, lo cual no es cierto. Por ejemplo "el Ricky" logró robar con su banda unos 25.000 dólares en tan sólo 15 días. Fue detenido y procesado, pero nada se habló de la devolución de lo robado, y mucho menos de reparar el daño a sus víctimas, entre ellas la familia del guardia de seguridad asesinado. En caso que no posean bienes con que responder, pueden trabajar hasta obtener lo necesario para resarcir el daño causado.
Ningún delincuente debería quedar libre hasta que repare el daño que provocó!
Esta forma de encarar el problema reduciría enormemente el beneficio económico del delito y por lo tanto sería un gran desestimulo a dicha actividad.
Esto que parece tan raro en nuestra sociedad, es moneda corriente en la Medicina: si un médico o institución de salud provocan un daño a un paciente, se entiende pertinente que el paciente o su familia sean reparados económicamente.

2 - Desactivar la bomba de tiempo de los Ni-Ni (jóvenes que ni estudian ni trabajan) Aplicación estricta de la ley vigente Nº: 10.071 sobre vagancia mendicidad, y estados afines. (ver documento adjunto con resumen de la ley)

Si hoy en día tenemos unos 70.000 jóvenes que no terminaron secundaria y que tampoco trabajan, es de esperar que en el futuro tengamos mucho mayor número de delincuentes y de jóvenes viviendo en la calle, dado que no adquirieron hábitos de estudio y mucho menos de trabajo y dudo que puedan encontrarlo si carecen de preparación alguna.
Está muy bien que se busquen incentivos para que retornen al sistema educativo, pero sin penalización alguna para dicha situación, es difícil que la misma se revierta.
Por lo tanto propongo que no se tolere más la situación de “ni estudio -ni trabajo”, aplicando estrictamente la ley de vagancia Nº 10071.
Los individuos que ni estudian ni trabajan tienen una gran irresponsabilidad para con la sociedad, la cual tendrá que pagar los gastos generados por estas personas (asistencia sanitaria, educación para sus hijos, construcción y equipamiento de refugios, vivienda, gastos en seguridad, limpieza de espacios públicos, pensiones cuando lleguen a viejos y un largo etc.)
La ley 10.071 establece que podrán ser sometidos a medidas de seguridad los vagos, mendigos, ebrios y toxicómanos habituales que se embriaguen o intoxiquen  en lugares públicos,  proxenetas, quienes muestren inclinación al delito, quienes no puedan justificar la procedencia del dinero u objetos que poseen, o que hayan entregados a terceros.
Las medidas de seguridad que establece la ley son: la internación en establecimientos de trabajo obligatorio, el aislamiento curativo, la obligación de fijar domicilio, la prohibición de vivir donde la autoridad lo establezca, y el sometimiento a la vigilancia de la autoridad.
La ley, que está plenamente vigente, es muy clara, y permite resolver muchos de los problemas que aquejan a nuestra sociedad hoy en día. Sólo falta la voluntad de hacerla cumplir como corresponde, siendo además difícel de entender porque razón se decide no aplicar leyes que están vigentes.
Otra opción,  como alternativa a la misma, sería establer el Servicio Militar Obligatorio para jóvenes que ni estudian- ni trabajan.
Está idea no es nueva, en un reciente artículo de Andrés Oppenheimer hace referencia a “la controversial propuesta del gobernador del estado norteño de Chihuahua de México, César Duarte Jáquez, de que los "ni-ni" mexicanos sean alistados para cumplir tres años de servicio pago en el ejército. Duarte dice que su propuesta sacará a esos jóvenes de las calles, les permitirá ganar un salario y acceder a los programas educativos subsidiados del sistema militar. Muchos de ellos podrían encontrar una carrera permanente en las fuerzas armadas, afirma”
De esta forma estarían contribuyendo con la sociedad realizando una función útil, estarían adquiriendo un sentido de responsabilidad, sería más claro que tienen derechos pero también obligaciones, podrían reinsertarse en el sistema educativo a través de la escuela y liceo militares, y pasarían a ganarse la vida a través de un trabajo en lugar de la limosna o el robo como sucede actualmente.
Sería además un gran estímulo para los que vienen detrás  de los actuales ni-ni, para no abandonar el sistema educativo. (Si no estudias ni trabajas vas al servicio militar).

3 - Reincidencia: necesidad de penalización diferente
No es posible que siempre sean los mismos delincuentes los que una y otra vez vuelven a delinquir.
Como es posible que un joven delincuente (con apenas 20 o 23 años) este en libertad con múltiples antecedentes por distintos delitos.
Como es posible que con un porcentaje oficial de reincidencia en la población carcelaria de un 70 %, otorguemos la libertad, o salidas transitorias sin control alguno.
Si la población delincuente es casi siempre la misma, y no hay en general regeneración alguna, deberíamos ser mucho más duros con los reincidentes, y tal como se aplicó en el Estado de California, aplicar una pena máxima de 30 años para los reincidentes, sea cual sea el delito cometido.

4 - Incrementar el control sobre el porte de armas
  Si una persona con antecedentes penales, que evidentemente no puede poseer porte de armas, es hallado portando un arma, debería ser arrestada y procesada con prisión en forma inmediata.

5 - Estricto control de la circulación en motos
  Dado que la mayoría de los delitos en la actualidad se cometen en motos, debería realizarse un estricto control sobre la venta y registro de motos y sobre las personas que circulan en ellas.
No es posible que un porcentaje altísimo de motos circule en forma irregular, sin libreta de propiedad, sin matrícula y sin libreta de conducir.
En algunos lugares llegó a prohibirse la circulación de motos con más de una persona, logrando reducir los robos y rapiñas con esta simple medida.

Enviado Presidencia de la República, Ecos, Búsqueda  y Parlamentarios. 22/7/11

PD: Dado que han pasado casi 3 años desde el envío de esta nota, sin que la situación de inseguridad haya cambiado. Por el contrario no ha dejado de agravarse desde ese momento.
 Siendo que además todos los problemas reseñados en la nota persisten, sin que se haya siquiera intentado poner en práctica alguna de las sugerencias, vuelvo a insistir con lo planteado.

Atte., Manuel da Fonte
Montevideo, 3/4/14

SOBRE LOS CUESTIONAMIENTOS A LA LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA

Estoy en desacuerdo con los argumentos esgrimidos para oponerse a la legalización de la marihuana, ya que considero están basados en predicciones tremendistas.

Comparto que sería deseable que no existiera el consumo de drogas adictivas, pero esto está lejos de ser un objetivo alcanzable, a pesar de las múltiples iniciativas que se han intentado en ese sentido.

Para empezar, debo decir que las políticas prohibicionistas no han logrado eliminar y ni siquiera han logrado reducir el consumo de las drogas ilícitas, por el contrario el mismo no ha parado de crecer.

Las drogas provocan daño, pero el mercado ilegal de producción, distribución y venta, provoca mucho mayor daño aún, y la represión militar del mismo, como última medida del combate a las drogas termina con consecuencias catastróficas.

Esto es lo que ha pasado en México,  que recurrió a la vía militar y lleva unos 80.000 muertos en dicha batalla a lo largo de 6 años, sumando además un costo económico elevadísimo  para el Estado.

Si argumentamos que la legalización traerá solo males mayores, entonces deberíamos ser coherentes y prohibir también la comercialización y producción  de las otras drogas que se producen y comercializan legalmente, como son los sicofármacos, el alcohol y el tabaco.

Estas son las drogas más consumidas en el Uruguay, también generan daño a las personas y gastos al sistema sanitario, igual que las otras consideradas ilegales, pero no tienen asociado el tráfico y producción ilegal. Por lo tanto no generan actividad delictiva ni corrupción asociadas, y mucho menos muertes violentas por asesinatos y actos criminales asociados a la lucha por el control del mercado ilegal.

En caso de legalizarlas,  además, es posible controlar la calidad de lo producido y vendido en el mercado, recaudar impuestos, establecer normas de control sobre el consumo, la publicidad y la venta. Con estos dineros recaudados, que actualmente van a parar a manos de los narcotraficantes, el estado puede realizar acciones que mitiguen el daño determinado por el consumo.

Cuando se estableció la ley seca en USA, a principios del siglo XX, el resultado fue nefasto y aconteció lo mismo que hoy está ocurriendo con las drogas consideradas ilegales en Latinoamérica: venta de productos de mala calidad, inclusive se le asocian compuestos  tóxicos, proliferación de mafias, corrupción que afecta a toda la estructura del Estado y proliferación de asesinatos y otros actos criminales.

El primer paso para solucionar el problema es la legalización de la producción, distribución y consumo de todas las drogas. Esto lo ha planteado en forma pública el ex presidente Mexicano Vicente Fox, que dijo que su país debería pasar a ser productor y exportador de Marihuana.

Hoy en día, ya hay 14 estados norteamericanos que han legalizado el uso de la marihuana, y seguramente esa lista se irá incrementando.

De esta forma y de un plumazo eliminamos el negocio de los narcotraficantes.

Recién después de tener legalizado el mercado, podemos encarar la solución de los problemas vinculados al uso abusivo y problemático de drogas adictivas, tal como se hace hoy en día con el tabaco, y se va a comenzar a hacer con el alcohol.

Primero van los bueyes, y después la carreta. Si continuamos con la actual política prohibicionista, nunca lograremos atacar el problema del consumo problemático y abusivo de drogas, porque siempre tendremos primero que solucionar un problema mucho mayor, el del tráfico  ilegal de las drogas ilícitas y las nefastas consecuencias que el mismo provoca.