Reiteradamente se insiste en crear nuevos impuestos o aumentar los ya existentes, para poder realizar los fines de diversas políticas estatales, tales como educación, infraestructura, redistribución de la riqueza y políticas sociales.
Se escucha que siempre se trata de pequeñas contribuciones con una finalidad loable y ampliamente justificada del punto de vista social, de la equidad y amparado en la justicia redistributiva.
- Esta es la primera falacia que vamos a analizar y que consiste en que se considera cada impuesto en forma aislada, como si este fuera el único importe que paga la persona o empresa gravada por el referido impuesto. En realidad debería considerarse la sumatoria de todos los impuestos a los que debe enfrentarse el individuo o empresario, antes de discutir si es mucha o poca la carga impositiva que se piensa agregar.
Los Uruguayos en realidad están sojuzgados bajo una infernal y creciente espiral impositiva, que no cesa de incrementarse año tras año. El ciudadano es empujado año tras año hacia un nuevo círculo, cada vez más profundo, de este infierno impositivo.
Basta mencionar el listado de impuestos que se deben pagar, listado que no ha parado de crecer año a año, producto de las iniciativas de variados organismos estatales, sin dejar de tener en cuenta los impuestos ocultos que se pagan a través de los sobrecostos en las tarifas públicas de organismos estatales monopólicos, que aportan sus excedentes a rentas generales.
Si tenemos en cuenta a las remuneraciones personales, se paga: IRPF (que llega al 30% de los ingresos), Fondo de solidaridad y Adicional del Fondo de solidaridad (si se es Profesional Universitario), Aportes para el financiamiento de instituciones de Asistencia Médica privada en crisis (que llega hasta el 9% del salario), y desde la reforma del sistema de salud se agregó el FONASA que llega hasta el 6%.
Si tomamos a la vivienda como elemento de aportación: tenemos IVA sobre la venta de vivienda nueva, ITP e IRPF sobre la compra venta de vivienda nueva y usada, IVA sobre comisiones, Contribución Inmobiliaria, Impuestos de puerta, Tasa de saneamiento, Impuesto de Primaria y luego de determinado nivel, Impuesto al Patrimonio. Ni hablar en caso de que se emprenda una reforma, deberá pagar elevados aportes al BPS, además de IVA sobre los materiales y honorarios profesionales, y algunas tasas municipales por los permisos correspondientes.
En total se pagan 9 impuestos distintos sobre un solo elemento gravado, la vivienda propia, la cual es un derecho constitucional.
En cuanto al Automóvil: entre IVA e IMESSI en la compra de un 0 KM se paga entre el 40 y el 60% del valor del vehículo, además Patente, peajes e IVA sobre los mismos, Tasas municipales al empadronar, y luego de determinado nivel, Impuesto al Patrimonio. Además de los impuestos que pesan sobre el combustible.
Finalmente, al consumir con el dinero remanente del pago de impuestos sobre ingresos, vivienda y vehículos, pagamos un IVA de 22% y además IMESSI sobre un listado de productos considerados suntuarios.
Hay que destacar que no se aplicó la rebaja del IVA prometida como contrapartida de la creación del IRPF, el cual ya incrementó su tasa máxima, a pesar de que no se ejecutó la prometida contrapartida. No solo no se rebajó el IVA, sino que el mismo fue aplicado a un listado más amplio de productos.
En total, un ciudadano uruguayo asalariado, está sometido al pago de una veintena de impuestos, alguno de ellos a tasas muy altas, como el IVA a un 22%, el IRPF entre un 20% y un 30%, y un 50% en promedio entre IVA e IMESSI, en la compra de un 0 km.
Todo esto lleva a que la carga impositiva total se aproxima al 50% de los ingresos de un asalariado que supere la canasta básica familiar, según lo documentan año a año estudios con respaldo internacional que comparan las cargas impositivas en diferentes países. (nota 1)
Esta cifra se halla por encima si se trata de un Profesional Universitario debido a varias cargas impositivas adicionales que hemos referido.
Sistemáticamente se escuchan nuevas propuestas de incremento de la carga impositiva global ante cada necesidad que descubre el Estado o el Gobierno que requiere ser solucionada, pero nunca se escucha ni una sola propuesta sobre la introducción de modificaciones en la gestión del Estado para generar ahorros en el gasto de lo que recauda.
- La segunda falacia evidente en la Ideología impositiva presente es que todo se justifica en que el que tiene más debe pagar más.
Evidentemente ya hemos demostrado que el que gana más ya paga mucho más, en primer lugar por la creación del IRPF, que es un impuesto porcentual sobre los ingresos. La novel ministra de Salud Pública, comenzó diciendo que era muy injusto que algunos funcionarios ganaran $ 15.000 mientras que otros recibían $ 300.000.
Se podría decir que en realidad es muy injusto que unos no paguen nada de IRPF y los otros paguen casi $ 90.000. Si le sumamos el resto de impuestos, paga además unos $ 60.000 adicionales.
A la ministra le parece que dicha carga impositiva es poca y pretende incrementarla aún más!! Lamentablemente la ministra no está sola en esa idea, Olesker que también es ministro piensa lo mismo.
Desde la escuela, la sociedad uruguaya castiga el éxito. Recuerdo con claridad cómo se estigmatiza y segrega al buen estudiante mediante el mote de “traga”. En lugar de ser un referente a imitar y alcanzar, se trata de alguien a despreciar y ser objeto de burlas.
Lejos de estimular y reconocer el esfuerzo que conduce al éxito del buen estudiante, en general se lo tiende a apartar del resto de estudiantes normales, los que no se esfuerzan en cumplir con las tareas y objetivos del curso.
Es por esto, que se nos ha impregnado en nuestra formación temprana, que no resulta para nada extraño que parezca tan correcto y justificado sacarle más al que gana más.
Sacarle más al que ha hecho mayores sacrificios, ha tenido más empuje y empeño, o ha sido más innovador y ha agregado valor a aquello sobre lo que ha trabajado, para dárselo al que ha decidido no seguir ese camino y optó por uno más fácil, o de más corto plazo, o con menores expectativas, es revestido de un manto de justificaciones sociales y morales que no tiene en cuenta los méritos y sacrificios de los individuos y sus familias.
- La tercera falacia es considerar que el Estado es una agente que genera mediante la recaudación de impuestos un efecto redistributivo de la riqueza.
El Estado gasta un gran porcentaje de sus ingresos en salarios y gastos de funcionamiento de sus propios organismos, por lo cual, de todo lo que recauda le queda poco para generar redistribución, en general gasta el 80 % en su propio funcionamiento, por lo cual deja menos del 20 % de lo que recauda para su finalidad redistributiva.
El Estado es muy ineficiente en su gestión, por lo que gran parte de los recursos que recauda los gasta en forma inadecuada y se dilapidan recursos en gastos innecesarios o emprendimientos y empresas públicas mal gestionados, que terminan arrojando cuantiosas pérdidas.
El Estado es muy ineficiente en su gestión, tiene funcionarios en mayor número del necesario en muchas reparticiones, o con insuficiente preparación o actualización para realizar una gestión eficiente. Si se realizara una reforma en la gestión del Estado, seguramente ahorraríamos mucho dinero. Es lamentable que solo se piense en recaudar más y más, y nunca se plantea la posibilidad de estudiar el modo de generar ahorros en el ineficiente y muchas veces despilfarrador gasto Estatal.
Es evidente que en las dos últimas administraciones se incrementó notoriamente el gasto Estatal en Salud, en Educación y en Seguridad, pero ello ha sucedido sin que se noten mejoras ni subjetivamente, ni cuando se realizan mediciones objetivas, como se hace con los indicadores de aprendizajes en la enseñanza media.
Lo mismo ha sucedido con la Intendencia de Montevideo, que a pesar de recaudar más de un millón de dólares diarios no logra mejorar su gestión, y sus autoridades también plantean que deberían cobrar más impuestos, a pesar que los mismos, tanto sobre las viviendas como sobre los autos, son más altos que en capitales Europeas (nota 2)
Parte de esta ineficiente gestión del Estado se refleja en los inadecuados mecanismos de control del cumplimiento de las normas y leyes establecidas, por lo cual gran parte de la ciudadanía vive al margen de estas, o sea en la informalidad.
- La cuarta falacia es pensar que el Estado produce efectos beneficiosos para las clases sociales menos pudientes mediante su gestión.
En realidad el gobierno no percibe los efectos negativos de su política impositiva, la cual cómo vamos a intentar demostrar mediante algunos ejemplos, termina perjudicando a aquellos a quienes se supone quiere beneficiar.
Tomaremos como primer ejemplo la política impositiva sobre los automóviles, que son considerados artículos suntuarios y por lo tanto sufren una carga impositiva mayor al 50 % de su valor, por lo cual tenemos el privilegio de tener los autos más caros del mundo, sobre los cuales además pagamos patentes que son más caras que en las principales ciudades Europeas.
Esta política que pretende castigar a los ricos para redistribuir ese dinero a los pobres, determina la siguiente realidad:
Los ricos compran cada vez autos más caros y con mayor nivel de equipamiento en seguridad. En cambio los pobres acceden a vehículos cada vez más viejos y más baratos en base a la eliminación de elementos de seguridad, que hoy en día son obligatorios en países del primer mundo. Para peor, la mayoría de los obreros adquieren motos, lo cual sumado a la ineficiente política de control del tránsito a nivel nacional y departamental, llegamos a la situación actual de una altísima tasa de siniestralidad, con más de 500 muertes por años y unos 15.000 heridos y lesionados anuales, de los cuales el 60 % son motociclistas.
Por lo tanto, la política impositiva que se supone tiene como objetivo redistribuir riqueza, lo que está redistribuyendo es la mortalidad y morbilidad en el tránsito, provocando una altísima tasa de muertos y heridos entre los trabajadores y cuando más pobres mayor es su participación, siendo la primera causa de muerte en menores de 35 años.
Además estas cifras de siniestralidad implican un elevadísimo gasto en atención de salud y recuperación de lesiones invalidantes que afectan en general a la población más joven.
Desde que se creó el FONASA, todo el gasto en salud deriva de las arcas del Estado. Por lo que si hacemos una contabilidad completa, que incluya los costos de la siniestralidad, y de atención a las víctimas, seguramente veremos que el Estado termina gastado mucho más de lo que recauda en impuestos a los autos en atención sanitaria a las víctimas del tránsito.
Si los vehículos y el transporte público tuvieran una menor carga impositiva y fueran más accesibles para los trabajadores, y si el Estado reformara su gestión e hiciera más eficiente el control sobre el tránsito (que hoy presenta una altísima tasa de informalidad, siendo que más del 30% conduce sin libreta de conducir) obtendríamos un ahorro importante en el gasto Estatal y realmente estaríamos promoviendo la justicia social y la equidad de todos los ciudadanos, tratando de que estén en igualdad de condiciones de seguridad en el tránsito independientemente de que sean ricos o pobres.
Como segundo ejemplo tomares la política impositiva sobre la vivienda.
Con la enorme carga impositiva que pesa sobre la vivienda, el efecto redistributivo debería ser fabuloso, y todos los pobres deberían tener asegurada su vivienda por parte del estado. Sin embargo el efecto ha sido muy perjudicial para los pobres y trabajadores en general.
La vivienda se ha encarecido cada vez más, porque lógicamente se trasladan los impuestos a los precios de la misma, y mientras los ricos no tienen problema en acceder a viviendas de calidad, para los pobres, esta alta carga impositiva, que encarece la vivienda, termina alejándolos de las viviendas de calidad del mercado formal. Por ello es que los asentamientos irregulares no han parado de crecer, siendo esta la forma que los pobres y los trabajadores han encontrado de acceder a una vivienda, evitando las cargas impositivas que le terminan haciendo prohibitivo el acceso a una vivienda formal.
Como es bien sabido, el crecimiento de los asentamientos irregulares trae aparejado pésimas consecuencias para el manejo de la ciudad, y para los que viven en ellos alejados de todos los servicios. El Estado al final, además de dejar de recaudar por la informalización de la vivienda, debe gastar mucho más de lo que recauda en tratar de solucionar aquello que el mismo ha generado, debido a su voracidad impositiva y a su ineficiente funcionamiento.
Es muy caro regularizar un asentamiento irregular, y proveerlo de todos los servicios necesarios (escuelas y liceos, calles, saneamiento, servicios de agua y electricidad, transporte, etc). Regularizar todos los asentamientos le costaría al Estado mucho más que lo que recauda por su política impositiva sobre la vivienda, y por lo tanto es una meta que nunca va a lograr.
Tan cierto es lo que acabo de afirmar, que en Montevideo sólo se construye vivienda nueva en las zonas en que compran los “ricos”. El gobierno ha tenido que proponer un plan de estímulo para la construcción de viviendas en otras zonas de la ciudad, eliminando la mayoría de los impuestos que pesan sobre la misma.
No hubiera sido mejor antes de llegar a esta situación, frenar la voracidad impositiva estatal a tiempo y evitar la distorsión en el precio de la vivienda que terminó perjudicando a los pobres, privándolos de la posibilidad de acceder a una vivienda formal, ya sea comprándola o alquilándola?
Dicho sea a colación, hay un estudio universitario de una arquitecta realizado en una universidad privada de Montevideo (no tengo la cita a mano), que ha demostrado que subsidiar alquileres en viviendas formales es mucho más económico que regularizar asentamientos.
Nuevamente, si hacemos la contabilidad global, y ponemos por un lado lo que recauda el Estado por impuestos a la vivienda, y por otro lado lo que deja de recaudar por la informalización de barrios enteros (no cobro de impuestos, de consumos de luz y de agua) además de lo que gasta en tratar de regularizar asentamientos y proveer de vivienda a los pobres, a los cuales alejó de la posibilidad de comprar o construir su vivienda, seguramente obtendremos un balance negativo.
Nuevamente, en lugar de tener un efecto redistributivo, las políticas impositivas castigan y condenan a los pobres a una peor calidad de vida a través de un peor acceso a la vivienda. Siendo evidente además que el Estado ha sido incapaz de construir las viviendas necesarias para los pobres, a pesar de contar con varios organismos al efecto (Plan Nacional de Viviendas, INVE, BHU, Agencia Nacional de Vivienda, y finalmente el plan JUNTOS), y cuando lo ha hecho muchas veces ha generado viviendas de muy mala calidad y ha creado graves problemas sociales y urbanísticos (complejos de Casavalle y Barrio Borro, y Cerro Norte) que terminaron provocando el deterioro de los barrios aledaños a donde fueron implantados.
Alrededor de estos asentamientos o complejos problemáticos se genera una espiral de desvalorización progresiva de las viviendas formales en el entorno, que lleva a una pérdida de valor de las mismas. Esto determina la ausencia de inversión, no se refaccionan ni actualizan las viviendas, y por supuesto la ausencia de proyectos de construcción nueva en dichas zonas, todo lo que conduce a la progresiva desvalorización urbana y deterioro del entorno cada vez mayor. Quedan cada vez más viviendas abandonadas y la mancha de informalización se va extendiendo en forma gradual. Evidentemente el Estado cada vez recauda menos y gasta más a medida que proliferan y se extienden las zonas informales.
En materia de alquileres, la imposición del IRPF a los mismos, sumado a la ley de alquileres que inclina demasiado la balanza hacia los inquilinos protegiendo en demasía a los malos pagadores, termina perjudicando a los inquilinos más pobres que no pueden recurrir a garantías adecuadas y terminan pagando en una pensión, mucho más que un alquiler, pero por vivir en una pieza con baño compartido, en lugar de poder hacerlo en un apartamento o una casa.
- La quinta falacia consiste en considerar la recaudación del Estado como ingresos netos sin contabilizar los gastos generados por las distorsiones que provocan dichas inadecuadas políticas impositivas, como ya expusimos en materia de vivienda y de impuestos a los vehículos, que terminan en muchos casos generando más gastos que ingresos al Estado.
- La sexta falacia que encierra la Ideología impositiva Uruguaya es que los impuestos, como se le ponen a los ricos, los terminan pagando estos y por lo tanto tienen un efecto redistributivo y de justicia social.
La mayoría de los impuestos son trasladados hacia el consumidor final, por lo cual es muy probable que los impuestos terminen incrementando el costo de un producto y finalmente lo pague aquel que menos tiene.
En general, todo impuesto termina trasladando su costo a través de la cadena de comercialización y producción, elevando el precio del producto final, y por lo tanto lo termina pagando el consumidor final, que no puede trasladar el impuesto.
Si aumentamos los impuestos sobre la tierra, los productos derivados de ella saldrán más caros y los pobres pagarán más cara la carne, las frutas y las verduras. Si los vehículos tienen impuestos altos, estos pasarán a formar parte de los costos de la logística para trasladar los alimentos, los bienes y los servicios, y todos ellos serán más caros y los terminarán pagando los consumidores finales, aquellos a quienes se supone se quiere beneficiar.
- Por último quisiera señalar que no es posible incrementar en forma indefinida la carga impositiva, dado que si una actividad deja de ser rentable, es muy probable que las personas o empresas dejen de realizarla, o bien pasen a realizarla en forma informal.
En ambos casos el Estado va a ver reducida su recaudación tanto por los menores impuestos que va a lograr cobrar, como por la reducción de la actividad laboral asociada al cese o informalización de las actividades.
Nota 1:
Según lo publicado en El País digital el 11.10.2008, allí se establecía que la carga impositiva sobre asalariados para una familia tipo (matrimonio y dos hijos), con un único ingreso de $ 25.000 mensuales, es de tal magnitud que deberá trabajar en 2009 hasta el 28 de mayo inclusive, es decir 149 días, para saldar sus obligaciones impositivas. El 40,79% se le va en impuestos…de acuerdo a las mediciones realizadas por el Estudio Ferrere, autorizado en exclusiva en Uruguay para el empleo de esta metodología cuyos derechos posee la Tax Foundation de Estados Unidos. La situación no ha cambiado demasiado, dado que en el 2011 el día libre de impuestos fue el 13 de mayo.
Nota 2:
En relación a los impuestos municipales: En Montevideo se pagan hasta seis veces más impuestos a la vivienda de lo que se paga en París. Los propietarios de casas, departamentos y vehículos uruguayos pagan varias veces más en impuestos de lo que se paga en las grandes ciudades europeas. Un estudio comparativo indicó que mientras que alguien que posee una vivienda valorada en US$100.000 paga el equivalente a US$200 por concepto de impuestos inmobiliarios en París, US$440 en Milán y US$551 en Madrid, en Montevideo la cifra asciende a US$1.200. Con los autos sucede algo más extremo. Un Peugeot 306 del año ‘96 paga en Madrid un impuesto anual de US$100, US$274 en Londres, y US$1.369 en Montevideo
Manuel da Fonte
1/5/2013
