Mujica y una renuncia fiscal imaginaria

Mujica y una renuncia fiscal imaginaria.
El presidente se refirió en su audición radial a la ley de promoción de vivienda social indicando que dicha ley implicó para el gobierno "una fuerte renuncia fiscal".
Pero el presidente también reconoce en su audición, que antes de la ley, más del 80% de la construcción se hacía en la franja costera, o sea fuera del área abarcada por la nueva norma. En conclusión, no existía construcción en las zonas que ahora si se construye gracias a la ley, y por lo tanto no existía tampoco ninguna recaudación impositiva vinculada a la construcción de vivienda.
En conclusión, no existe la tal renuncia fiscal. No se puede renunciar a algo que nunca existió.
Es más, si no se creaba la ley que exonera de múltiples impuestos sobre la vivienda a la construcción nueva en determinadas zonas, nunca se hubiera construido nada (tal como lo reconoce el propio presidente),  por lo tanto la recaudación impositiva hubiera sido igual a cero.
Creo que del análisis de lo ocurrido con la ley de promoción de vivienda social, debería ponerse el énfasis en la comprobación de como la excesiva carga impositiva que soporta la vivienda, llevó a hacer desaparecer la construcción de vivienda nueva, con la única excepción de la construcción de vivienda para los sectores de altos ingresos.
Lo ocurrido demuestra, que el intento de redistribuir la riqueza mediante impuestos, poniéndole impuestos a la vivienda de los ricos para repartir entre los pobres, lo que ha repartido en realidad fue pobreza,  alejando a los pobres cada vez más de la posibilidad de acceder a una vivienda formal.
Es por  ello  que los asentamientos informales no han parado de crecer.
Se debería entonces, en lugar de poner el énfasis en renuncias fiscales y sacrificios del gobierno inexistentes, en el hecho de que las cargas impositivas desmedidas, lejos de repartir riqueza, lo que reparten es pobreza y estancamiento, dado que hacen desaparecer la actividad económica gravada (no existía construcción de vivienda nueva en la mayor parte de la ciudad).
Con la simple medida de eliminar estas cargas impositivas asfixiantes, la actividad constructiva floreció como hongos después de la lluvia. El sector privado por si mismo, sólo con financiamiento privado exclusivo,  determinó una inversión de más de 1.000 millones de dólares y la construcción de miles de viviendas nuevas, de calidad y en áreas urbanizadas, con todos los servicios ya existentes, en tan sólo 2 años.
El estado es incapaz de realizar tamaña inversión ni actuar con tanta celeridad. Para ejemplo sobran los múltiples intentos y varias instituciones estatales creadas para el financiamiento y la construcción de viviendas a lo largo de los últimos decenios (BHU, INVE, PLAN JUNTOS, ANV).
Toda esta actividad constructiva nueva, no le ha costado nada al estado, no ha tenido que crear ningún organismo ni destinar ningún presupuesto para que ello ocurriera.
Todo lo contrario a la imaginaria renuncia fiscal, el estado ha pasado a recaudar dinero extra, dado que todos los salarios generados por esta actividad pagan impuestos, aportan a las arcas del estado vía irpf, iva, etc., amén de todo el circuito de proveedores que trabaja para aportar lo necesario para la construcción,  dado que las exoneraciones impositivas son sólo sobre la vivienda y no sobre los salarios de los que las construyen o trabajan en la provisión de los servicios y materiales necesarios.
Que bueno sería que se redujera la carga impositiva que soporta la ciudadanía en general, en todas las áreas, dado que tal como aconteció con la construcción de vivienda, florecería la actividad económica en general.
Todos nos veríamos beneficiados, inclusive el propio gobierno a través del incremento de la recaudación que el aumento de la actividad termina generando.

Utilidad de las redes sociales en el combate a la inseguridad.

PROCESARON A MUJER QUE COMPRÓ EL CELULAR QUE LE ROBARON A LA TURISTA

Posted by seguridadciudadanacv on mayo 13, 2014 · Dejar un comentario 

http://www.elpais.com.uy/informacion/devolvio-celular-robado-que-compro.html

Este evento demuestra la utilidad que tienen para la ciudadanía el uso de las redes sociales, y la difusión que permiten de los hechos de inseguridad que nos aquejan. Es por ello tal vez, que un funcionario del MEC está haciendo un llamado público a boicotear la aplicación para celulares Citycop, la cual permite hacer denuncias de hechos delictivos que sufrimos o presenciamos en nuestra ciudad.

“La aplicación es fascista”
Con el argumento de que la custodia policial es escasa e ineficiente, el control ciudadano se expande en varios formatos. A las cámaras públicas y privadas, se sumó en los últimos días una aplicación para celulares llamada CityCop. Mediante esta aplicación, los usuarios pueden alertar sobre un robo, que queda registrado sobre el mapa de la ciudad en la pantalla del celular. Se puede señalar ocho delitos. Incluso, los usuarios pueden alertar sobre la presencia de un “sospechoso” en determinado lugar, escracharlo en el mapa, fotografiarlo y subir su imagen a la red, a Facebook y a Twitter. Las denuncias pueden registrarse de forma anónima.

El subsecretario de Educación y Cultura, Pablo Álvarez, considera que la aplicación es fascista y contribuye a la paranoia social. “Promueve el desprecio del espacio público y trabaja sobre el concepto de la peligrosidad. ¿Qué significa sospechoso? ¿Qué significa tuitear que hay dos sospechosos en una esquina? El léxico tiene un tufo bastante feo. ¿Qué significa? ¿Que la ciudad va a estar llena de puntitos donde se ven cosas? Esto aporta a la construcción de una paranoia social que poco contribuye a resolver cuestiones de seguridad. Me parece fascista porque acusa a sujetos. El sujeto que desconozco se convierte en un actor peligroso. Como temo, tuiteo. Termina convirtiéndose en un Gran Hermano, en un mundo orweliano”, dijo Álvarez a El Observador.

El subsecretario de Cultura propone boicotear la aplicación. “Lo mejor es anotarse y subir boludeces: ‘Acá hay una pareja besándose. ¡Qué peligroso!”’. Algunos, ya lo han hecho y esa es la debilidad más evidente de la aplicación.

El gobierno tiene entre sus obligaciones, la de brindar seguridad a sus ciudadanos, para que puedan hacer usufructo de sus derechos. Es la omisión e incompetencia del gobierno en cumplir con sus fines, la que lleva a la degradación del espacio público, y permite la apropiación del mismo por parte de un sector minoritario de la sociedad.
Por suerte la sociedad siempre encuentra formas de cooperar entre sus miembros y defenderse con nuevos mecanismos y herramientas, tanto del accionar de individuos que avasallan sus derechos, como de las omisiones del gobierno que lo permiten.

Razones por las que prolifera la delincuencia juvenil en Uruguay

Comparto link a artículos publicados en el suplemento Que Pasa del  diario El País edición del sábado 3 de mayo de 2014.
Los 2 artículos ilustran sobre como funciona la justicia de menores en nuestro país.
En este artículo (http://www.elpais.com.uy/que-pasa/encarando-justicia.html) se analizan 5 casos ocurridos el mismo día, de los cuales solo en uno de ellos se lleva a cabo el procesamiento del infractor.  Por lo tanto en este día en particular, solo se procesó al menor infractor en el 20 % de los casos presentados.
Si vemos lo que se afirma también, en el segundo artículo publicado en la misma edición (http://www.elpais.com.uy/que-pasa/juzgado.html) sobre que en general se atrapa a 1 de cada 8 infractores (el 12.5 %), y de estos solo se procesa a 1 de cada 5 (el 20 %), tenemos que la eficacia del proceso policial y judicial en conjunto lleva a que solo se procese al 2.5 % de los infractores.
Según el estudio realizado por Ceres, a cargo de E. Talvi y expuesto en una conferencia realizada en junio  del  2013 y publicada en radio  El Espectador(http://www.espectador.com/documentos/130613ceresII.pdf), el mismo confirma plenamente lo que se muestra en estos artículos del suplemento Que Pasa: " ¿Cuál es la probabilidad, se preguntó Talvi, de ser internado tras un delito y tener que  cumplir una condena? La probabilidad es del orden del 10%: sólo el 10% de los delitos cometidos son resueltos por la policía. A su vez, 4 de cada 10 adolescentes que son capturados por la policía son liberados incluso antes de iniciar el proceso judicial." Según este estudio de Ceres,  se inicia un proceso  judicial solo en un 6 % de los delitos cometidos por menores infractores.
Por ello es que la sensación de impunidad frente al delito es algo mucho mayor que solo una sensación. Es una verdad fácilmente palpable por la ciudadanía, que lo sufre, y por los delincuentes que los estimula a continuar en la carrera delictiva, que prácticamente no tiene costo  ni penalización alguna.
Es por ello que estamos como estamos en materia de inseguridad. Vamos bien!!!

Impuesto Delincuencial

"El costo que genera la delincuencia globalmente en Uruguay ronda los US$ 1.200 millones. Dado que todos los ítems incluidos en dicho costo, terminan saliendo del bolsillo de los que pagan impuestos al Estado, a través del IRPF o IRAE, lo pasaremos a llamar impuesto delincuencial.
 Si lo recaudado por concepto de IRPF ronda los 1.500 millones, podemos decir con propiedad que los contribuyentes estamos sometidos a una doble carga impositiva. Por un lado la oficial a través del pago del IRPF y por otro lado la extraoficial o impuesto delincuencial, que termina duplicando nuestros pagos impositivos. 
Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, propongo que los contribuyentes puedan deducir del pago del IRPF e IRAE los pagos forzosos que realizan de impuestos delincuenciales. Esto contribuiría a la equidad tributaria, dado que en la situación actual los trabajadores y empresarios pagan doble, mientras que los delincuentes no pagan ningún impuesto sobre sus ingresos.
 Por supuesto que el Estado se resarciría de la pérdida de recaudación cobrando los impuestos correspondientes a los delincuentes estableciendo sus ingresos cuando estos sean procesados.
 Esta medida impactará muy favorablemente en mejorar la seguridad, dado que reducirá el beneficio económico del delito, e incrementará la ventaja del trabajo formal al reducir su carga impositiva. 
Sin duda la DGI pondrá el mismo empeño en fiscalizar con dureza a los delincuentes, como lo hace con los que trabajan honestamente".

Discrepo con el planteo de que incrementar las penas a los reincidentes es un exabrupto.

Ante el planteo realizado por Pablo Mieres en su columna de opinión en Montevideo Portal y publicada bajo el título: "Qué exabrupto, duplicar y triplicar  penas", http://columnistas.montevideo.com.uy/uc_300552_1.html quiero manifestar que discrepo absolutamente con su argumentación, de que la propuesta de aumentar las penas para reincidentes constituye un exabrupto que no contribuirá en nada a mejorar la situación de inseguridad.

Mieres afirma que la política de incremento de penas, ya implementada, no ha servido dado que los delitos no han dejado de incrementarse. Pero la pregunta debiera ser, que hubiera pasado con el número de delitos si no se hubiera aplicado dicha política, hubieran sido menos, o por el contrario hubieran sido aún más que los que tenemos hoy en día?

Si lo que Ud. afirma como cierto fuera realmente así, entonces la reducción de las penas sería el único camino que nos llevaría a obtener una reducción de los delitos. Pero si tenemos en cuenta que en nuestra población carcelaria existe entre un 60 y un 70% de reincidencia, parece lógico pensar que la reducción de las penas, llevaría irremediablemente a un incremento sustancial de los delitos cometidos.

Por otra parte esta política de reducción de penas, ya fue aplicada en el caso de los menores, durante el primer gobierno de izquierda, tanto en forma oficial mediante la reducción de la reclusión y la duración de la misma como pena,  como extraoficialmente mediante la facilidad en las fugas,  y su resultado fue un incremento sostenido de los delitos cometidos por menores. Esto está demostrado por el estudio realizado por CERES a cargo de E. Talvi: "La Delincuencia Juvenil en el Uruguay Desde un Enfoque Económico y Social: Un Aporte al Debate Sobre las Causas y Posibles Soluciones"  http://www.ceres-uy.org/home/index.asp

Por otra parte, en cuanto a su apreciación de la participación de los menores, donde afirma que es marginal dado que son solo 300 los menores privados de libertad, en 10.500 reclusos , o sea que representan solo un 2,85%, no parece corresponderse con las recientes cifras oficiales publicadas del 2013. En ellas se observa que los menores participaron en el 17 % de los homicidios, lo cual implica 43 homicidios perpetrados por menores. http://www.elobservador.com.uy/noticia/276174/menores-participaron-en-17-de-los-homicidios-aclarados-en-2013/?referer=titulares-de-la-jornada

Además en el 2013 se iniciaron 1981 procesos judiciales a menores infractores, que además pueden implicar la participación de varios menores en alguno de ellos. El 74% del total de los procesos fue por hurtos y rapiñas (42 % por hurto y 32% por rapiñas). http://www.elpais.com.uy/informacion/estadisticas-procesos-adolescentes-inau-hurto.html

 Si además tenemos en cuenta que los períodos de reclusión en caso de menores son breves, creo que el incremento de las penas en casos de reincidentes sería realmente efectiva. Además,  en muchos casos que terminan en delitos graves con  muertes en intentos de asalto o rapiñas con lesiones graves o muerte,  es fácil observar que dicho delincuente tiene un largo historial delictivo previo, y a pesar de haber sido procesado, a veces más de una vez, o por más de un delito, y a pesar de ser muy jóven, está nuevamente en libertad, ya sea transitoria o definitiva, y cometiendo nuevos y  más graves delitos. Por lo tanto en estos casos de reincidentes, realmente resultaría efectiva la propuesta de incrementar sustancialmente las penas y evitar las salidas transitorias o anticipadas.  Dicha medida tendría además el efecto de evitar homicidios o lesiones graves a las victimas de estos delincuentes, dado que en general suelen ser crónicas de una muerte anunciada.

Manuel da Fonte   

Medidas para combatir la situación de inseguridad. Lamentablemente pasan los años sin que se intenten medidas para cambiar.

Sr. Presidente de la República
Sr. Ministro del Interior,
Sres. Legisladores:

Dado que la inseguridad es la principal preocupación de toda la ciudadanía, y las políticas implementadas hasta el momento no han logrado una mejoría de la situación, les hago llegar algunas propuestas a su consideración, esperando puedan contribuir en la búsqueda de soluciones a tan grave problema.
Desde ya les agradezco por el tiempo que dediquen a la lectura de las mismas.
Atte., Manuel da Fonte
CI: 1546568-9
099623636

MEDIDAS  PARA MEJORAR LA SITUACION DE INSEGURIDAD PÚBLICA

1- Eliminar el beneficio económico del delito: Urge aprobar y aplicar el proyecto de ley de reparación a las víctimas de delitos (con cargo a los delincuentes)
En la situación actual, la actividad delictiva es pura ganancia, dado que aunque el delincuente sea atrapado y condenado, no tiene obligación alguna de devolver lo robado, ni de reparar el daño causado a su víctima.
Se suele argumentar que los delincuentes no tienen con qué responder, lo cual no es cierto. Por ejemplo "el Ricky" logró robar con su banda unos 25.000 dólares en tan sólo 15 días. Fue detenido y procesado, pero nada se habló de la devolución de lo robado, y mucho menos de reparar el daño a sus víctimas, entre ellas la familia del guardia de seguridad asesinado. En caso que no posean bienes con que responder, pueden trabajar hasta obtener lo necesario para resarcir el daño causado.
Ningún delincuente debería quedar libre hasta que repare el daño que provocó!
Esta forma de encarar el problema reduciría enormemente el beneficio económico del delito y por lo tanto sería un gran desestimulo a dicha actividad.
Esto que parece tan raro en nuestra sociedad, es moneda corriente en la Medicina: si un médico o institución de salud provocan un daño a un paciente, se entiende pertinente que el paciente o su familia sean reparados económicamente.

2 - Desactivar la bomba de tiempo de los Ni-Ni (jóvenes que ni estudian ni trabajan) Aplicación estricta de la ley vigente Nº: 10.071 sobre vagancia mendicidad, y estados afines. (ver documento adjunto con resumen de la ley)

Si hoy en día tenemos unos 70.000 jóvenes que no terminaron secundaria y que tampoco trabajan, es de esperar que en el futuro tengamos mucho mayor número de delincuentes y de jóvenes viviendo en la calle, dado que no adquirieron hábitos de estudio y mucho menos de trabajo y dudo que puedan encontrarlo si carecen de preparación alguna.
Está muy bien que se busquen incentivos para que retornen al sistema educativo, pero sin penalización alguna para dicha situación, es difícil que la misma se revierta.
Por lo tanto propongo que no se tolere más la situación de “ni estudio -ni trabajo”, aplicando estrictamente la ley de vagancia Nº 10071.
Los individuos que ni estudian ni trabajan tienen una gran irresponsabilidad para con la sociedad, la cual tendrá que pagar los gastos generados por estas personas (asistencia sanitaria, educación para sus hijos, construcción y equipamiento de refugios, vivienda, gastos en seguridad, limpieza de espacios públicos, pensiones cuando lleguen a viejos y un largo etc.)
La ley 10.071 establece que podrán ser sometidos a medidas de seguridad los vagos, mendigos, ebrios y toxicómanos habituales que se embriaguen o intoxiquen  en lugares públicos,  proxenetas, quienes muestren inclinación al delito, quienes no puedan justificar la procedencia del dinero u objetos que poseen, o que hayan entregados a terceros.
Las medidas de seguridad que establece la ley son: la internación en establecimientos de trabajo obligatorio, el aislamiento curativo, la obligación de fijar domicilio, la prohibición de vivir donde la autoridad lo establezca, y el sometimiento a la vigilancia de la autoridad.
La ley, que está plenamente vigente, es muy clara, y permite resolver muchos de los problemas que aquejan a nuestra sociedad hoy en día. Sólo falta la voluntad de hacerla cumplir como corresponde, siendo además difícel de entender porque razón se decide no aplicar leyes que están vigentes.
Otra opción,  como alternativa a la misma, sería establer el Servicio Militar Obligatorio para jóvenes que ni estudian- ni trabajan.
Está idea no es nueva, en un reciente artículo de Andrés Oppenheimer hace referencia a “la controversial propuesta del gobernador del estado norteño de Chihuahua de México, César Duarte Jáquez, de que los "ni-ni" mexicanos sean alistados para cumplir tres años de servicio pago en el ejército. Duarte dice que su propuesta sacará a esos jóvenes de las calles, les permitirá ganar un salario y acceder a los programas educativos subsidiados del sistema militar. Muchos de ellos podrían encontrar una carrera permanente en las fuerzas armadas, afirma”
De esta forma estarían contribuyendo con la sociedad realizando una función útil, estarían adquiriendo un sentido de responsabilidad, sería más claro que tienen derechos pero también obligaciones, podrían reinsertarse en el sistema educativo a través de la escuela y liceo militares, y pasarían a ganarse la vida a través de un trabajo en lugar de la limosna o el robo como sucede actualmente.
Sería además un gran estímulo para los que vienen detrás  de los actuales ni-ni, para no abandonar el sistema educativo. (Si no estudias ni trabajas vas al servicio militar).

3 - Reincidencia: necesidad de penalización diferente
No es posible que siempre sean los mismos delincuentes los que una y otra vez vuelven a delinquir.
Como es posible que un joven delincuente (con apenas 20 o 23 años) este en libertad con múltiples antecedentes por distintos delitos.
Como es posible que con un porcentaje oficial de reincidencia en la población carcelaria de un 70 %, otorguemos la libertad, o salidas transitorias sin control alguno.
Si la población delincuente es casi siempre la misma, y no hay en general regeneración alguna, deberíamos ser mucho más duros con los reincidentes, y tal como se aplicó en el Estado de California, aplicar una pena máxima de 30 años para los reincidentes, sea cual sea el delito cometido.

4 - Incrementar el control sobre el porte de armas
  Si una persona con antecedentes penales, que evidentemente no puede poseer porte de armas, es hallado portando un arma, debería ser arrestada y procesada con prisión en forma inmediata.

5 - Estricto control de la circulación en motos
  Dado que la mayoría de los delitos en la actualidad se cometen en motos, debería realizarse un estricto control sobre la venta y registro de motos y sobre las personas que circulan en ellas.
No es posible que un porcentaje altísimo de motos circule en forma irregular, sin libreta de propiedad, sin matrícula y sin libreta de conducir.
En algunos lugares llegó a prohibirse la circulación de motos con más de una persona, logrando reducir los robos y rapiñas con esta simple medida.

Enviado Presidencia de la República, Ecos, Búsqueda  y Parlamentarios. 22/7/11

PD: Dado que han pasado casi 3 años desde el envío de esta nota, sin que la situación de inseguridad haya cambiado. Por el contrario no ha dejado de agravarse desde ese momento.
 Siendo que además todos los problemas reseñados en la nota persisten, sin que se haya siquiera intentado poner en práctica alguna de las sugerencias, vuelvo a insistir con lo planteado.

Atte., Manuel da Fonte
Montevideo, 3/4/14

SOBRE LOS CUESTIONAMIENTOS A LA LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA

Estoy en desacuerdo con los argumentos esgrimidos para oponerse a la legalización de la marihuana, ya que considero están basados en predicciones tremendistas.

Comparto que sería deseable que no existiera el consumo de drogas adictivas, pero esto está lejos de ser un objetivo alcanzable, a pesar de las múltiples iniciativas que se han intentado en ese sentido.

Para empezar, debo decir que las políticas prohibicionistas no han logrado eliminar y ni siquiera han logrado reducir el consumo de las drogas ilícitas, por el contrario el mismo no ha parado de crecer.

Las drogas provocan daño, pero el mercado ilegal de producción, distribución y venta, provoca mucho mayor daño aún, y la represión militar del mismo, como última medida del combate a las drogas termina con consecuencias catastróficas.

Esto es lo que ha pasado en México,  que recurrió a la vía militar y lleva unos 80.000 muertos en dicha batalla a lo largo de 6 años, sumando además un costo económico elevadísimo  para el Estado.

Si argumentamos que la legalización traerá solo males mayores, entonces deberíamos ser coherentes y prohibir también la comercialización y producción  de las otras drogas que se producen y comercializan legalmente, como son los sicofármacos, el alcohol y el tabaco.

Estas son las drogas más consumidas en el Uruguay, también generan daño a las personas y gastos al sistema sanitario, igual que las otras consideradas ilegales, pero no tienen asociado el tráfico y producción ilegal. Por lo tanto no generan actividad delictiva ni corrupción asociadas, y mucho menos muertes violentas por asesinatos y actos criminales asociados a la lucha por el control del mercado ilegal.

En caso de legalizarlas,  además, es posible controlar la calidad de lo producido y vendido en el mercado, recaudar impuestos, establecer normas de control sobre el consumo, la publicidad y la venta. Con estos dineros recaudados, que actualmente van a parar a manos de los narcotraficantes, el estado puede realizar acciones que mitiguen el daño determinado por el consumo.

Cuando se estableció la ley seca en USA, a principios del siglo XX, el resultado fue nefasto y aconteció lo mismo que hoy está ocurriendo con las drogas consideradas ilegales en Latinoamérica: venta de productos de mala calidad, inclusive se le asocian compuestos  tóxicos, proliferación de mafias, corrupción que afecta a toda la estructura del Estado y proliferación de asesinatos y otros actos criminales.

El primer paso para solucionar el problema es la legalización de la producción, distribución y consumo de todas las drogas. Esto lo ha planteado en forma pública el ex presidente Mexicano Vicente Fox, que dijo que su país debería pasar a ser productor y exportador de Marihuana.

Hoy en día, ya hay 14 estados norteamericanos que han legalizado el uso de la marihuana, y seguramente esa lista se irá incrementando.

De esta forma y de un plumazo eliminamos el negocio de los narcotraficantes.

Recién después de tener legalizado el mercado, podemos encarar la solución de los problemas vinculados al uso abusivo y problemático de drogas adictivas, tal como se hace hoy en día con el tabaco, y se va a comenzar a hacer con el alcohol.

Primero van los bueyes, y después la carreta. Si continuamos con la actual política prohibicionista, nunca lograremos atacar el problema del consumo problemático y abusivo de drogas, porque siempre tendremos primero que solucionar un problema mucho mayor, el del tráfico  ilegal de las drogas ilícitas y las nefastas consecuencias que el mismo provoca.

Algunas medidas para combatir la situación de inseguridad actual

    Leí con mucho interés un reportaje que le hicieron en el semanario Búsqueda al Director Nacional de Policía: Insp. Ppal. (R) Julio Guarteche.

Destaco del mismo su comentario acerca del problema generado por aquellos delincuentes, que a pesar de su corta edad y estar cargados de múltiples antecedentes penales, habiendo sido procesados recuperan la libertad rápidamente. Esto  genera una sobrecarga de trabajo policial desmedida.

Dicho de otra forma estamos, como el burro girando siempre alrededor de la noria sin alcanzar nunca el objetivo de mejoría de la seguridad.

También coincido con el Jefe de Policía, en que deberían establecerse mayores tiempos de reclusión para los individuos con más de un delito en su haber cuando son procesados, porque evidentemente no se van a rehabilitar ni van a dejar de delinquir cuando sean liberados.

Claro está que la población carcelaria va a aumentar aún más y va a ser necesario construir más cárceles, lo cual va a generar dificultades como ha sucedido hasta el presente. Es por ello que quería sugerir un par de medidas alternativas y complementarias, a la planteada  de incrementar los tiempos de reclusión para aquellos que han cometido múltiples delitos.

La primera sería implementar el sistema de pulseras electrónicas, que se impuso para las víctimas y victimarios de violencia doméstica, para los liberados por un plazo de varios años. Esta medida seguramente permitiría reducir la reincidencia en la actividad delictiva, dado que permitiría probar la localización del individuo en el lugar que se produjo el delito y proceder a su detención con la prueba de que estuvo en el lugar y en el momento que se cometió el acto delictivo.

Esta medida permitiría solucionar los problemas que hay actualmente para identificar a los delincuentes, en los lugares donde hay cámaras por el camuflaje con cascos, gorros y capuchas, y donde no las hay, permitirá la identificación por la prueba de que estuvo presente en el lugar y momento del delito a través de la pulsera con gps.

La segunda medida que sugiero, es que se debe avanzar hacia un sistema que disminuya el beneficio económico del delito, haciendo que cada vez que un delincuente es procesado por uno o más delitos, como parte de la pena esté incluida la obligación de reparar el daño causado, ya sea a la propiedad (por robo directo o daño a la misma) o a la propia persona (lesiones personales, pérdida de días de trabajo, costos de tratamientos médicos, etc.).  La reparación puede hacerse en dinero, sobre las propiedades de los delincuentes, o mediante horas de trabajo volcando el producido a la reparación de las víctimas. Recién una vez que el delincuente haya reparado la totalidad del daño provocado podrá volver a estar en libertad.

Esta última, creo que sería una medida que tendría un efecto  mucho más desestimulante de la actividad delictiva que la prisión, dado que eliminaría el beneficio económico de la actividad delictiva.

Hoy en día la misma solo tiene beneficios económicos y carece de costos, dado que incluso cuando el delincuente es procesado, la condena carece de un costo económico. Muchas veces inclusive la misma actividad delictiva continúa desde la cárcel, o inclusive se generan nuevas actividades con beneficio económico dentro mismo del establecimiento de detención (peajes, protección, tráfico de celulares o drogas, etc.)

Por último y para no extenderme, dado que la mayoría de las rapiñas y robos se producen por sujetos que se desplazan de a dos en motos, creo que sería de utilidad realizar una vigilancia y control pertinaz y continuo sobre las motos ocupadas por dos sujetos, en general jóvenes, que circulen por la ciudad.

                                                                                                                             Manuel da Fonte

Derribando mitos sobre las causas de la delincuencia. El ejemplo Venezolano

Copio link a interesante artículo sobre las causas de la inseguridad en Venezuela, que desmiente muchos de los argumentos que se repiten sobre las causas de la delincuencia:

http://www.elpais.com.uy/mundo/impunidad-galopante-favorece-auge-violencia.html

Perniciosos efectos de la política impositiva sobre los automóviles

El  presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Gerardo Barrios, explicó a El Observador que en un primer estudio del Ministerio de Transporte en el año 2000 acerca de costos de siniestros de tránsito (materiales, judiciales, lesionados, discapacidades, muertos, años de vida perdidos) arrojaba un gasto de US$ 1100 millones. “Eso era en ese entonces el 4,5% del PBI, lo que equivalía al presupuesto de la enseñanza”.

El estudio se actualizó en el 2004, como el PBI había aumentado, ese porcentaje pasó a ser 3%. “Ahora se está haciendo una nueva actualización. Pero se pierden unos US$ 1.200 millones anuales en el país por accidentes, 2,5% del PBI.

Echeverría afirmó a El Observador que del total anual recaudado en 2010 por tributos que pagan los conductores de automóviles, alrededor de $ 1.700 millones pertenecen al pago de la patente. El ingreso por ese mismo tributo durante 2009 fue de $ 1.648 millones, según el balance presupuestal de la IMM.

El ingreso por patentes equivalen a unos U$S 82 millones al cambio actual.

El récord de 51.383 vehículos 0 kilómetro comprados en 2011 supuso un gasto de US$ 1.139 millones para los uruguayos, superando en un 19,3% los US$ 954 millones de 2010, según los datos procesados por la consultora del mercado automotor Autodata a los que accedió El País.

Si se tiene en cuenta que cerca de la mitad del valor de los 0 kilómetro corresponde a impuestos, el Estado se hizo de US$ 569 millones por este negocio el año pasado.

Por lo tanto es claro que si por un lado ponemos lo que el Estado recauda por venta de 0 km y por concepto de patentes, y por otro lado los costos que tiene la sociedad y el Estado por concepto de siniestros de tránsito, el resultado es netamente negativo en alrededor de U$S 548 millones.

Si consideramos la recaudación impositiva global del Estado, lo recaudado por el sector automotor es una porción pequeña del total. Según el último informe de DGI, durante 2010 (año récord de ventas de autos 0 km) la contribución por este rubro de IMESI fue sólo el 1,5% de la recaudación total. Esto sugiere que para un período representativo la misma sería menor al 1%, representando apenas 0,5 puntos de IVA.

 La estructura impositiva que ha recaído sobre el sector es en buena medida responsable de un parque automotor muy caro (en términos absolutos y relativos), envejecido y con escasa penetración de unidades que incorporen medidas de seguridad estándar, incluso, respecto a países de similar desarrollo relativo.

El gobierno debería rebajar fuertemente el IMESI sobre el sector automotor en general y hacerlo en forma diferenciada en favor de aquellas unidades que incorporen elementos adicionales de seguridad (frenos ABS, airbag, etc.). Dado que los autos en Uruguay circulan en promedio más años de los que sería recomendable y tienen una alta rotación, fomentar la incorporación de medidas de seguridad y unidades mejor equipadas permitirá reducir la incidencia de accidentes y minimizar sus costos, no solo para quienes compran vehículos 0 km sino también para quienes los adquieran de segunda mano.”

Además si se rebajaran los impuestos sobre el sector automotor, tal como ya se experimentó, la recaudación global por dicho concepto, lejos de reducirse se incrementa debido al aumento de las ventas, siendo que además hay que tener en cuenta la reducción en los gastos generados por la reducción de lesionados que ocurriría al tener un parque automotor más nuevo, con mayor equipamiento de seguridad y menor uso de motos.

La rebaja del Imesi a los vehículos de menos de 1.000 cc tuvo un impacto económico muy favorable, puesto que se duplicó la venta que pasó de 3.239 en el 2010 a 7.252 en 2011 y el Estado tuvo, a pesar de la rebaja de las tasas, un aumento de los ingresos fiscales. En este caso, ganaron los importadores, ganaron los consumidores y también ganó el Estado.

 En el caso de los vehículos de 1.001 cc hasta 1.500 cc, donde la disminución de la tasa del Imesi fue tan solo de un 5% -del 30% al 25%- también se produjo un crecimiento de las ventas del 34% (10.560 autos vendidos en 2010 y 14.135 en 2011). En este caso, es difícil determinar en qué proporción el crecimiento de las ventas fue determinado por la rebaja del Imesi y cuánto corresponde al crecimiento de la economía. Como punto de referencia, puede tomarse la venta de los vehículos de 1.501 cc a 2.000 cc que crecieron un 25%, a pesar de que la tasa del Imesi permaneció incambiada en un 30%, con lo cual es válido pensar que el crecimiento por encima de ese 25% hasta el 34%, es producto de la disminución de la carga tributaria y no del crecimiento económico.

 En cualquier caso, parece razonable pensar que el Estado tuvo un beneficio económico como consecuencia de las modificaciones introducidas a las tasas del Imesi en 2011.

SEGUIR EL MISMO CAMINO. Luego de esta experiencia de 2011 y en un país donde las cifras de los accidentes de tránsito de motos son alarmantes, en particular por la gravedad de las lesiones o muertes causadas, se impone seguir el camino iniciado en 2011, incrementando las rebajas tributarias a los vehículos, salvo los de alta gama.

Nada perdería el Estado si rebajara las tasas del Imesi a los vehículos cuya cilindrada es mayor a los 1.000 cc, pero excluyendo a los vehículos de lujo, ya que en base a la experiencia anterior y a la posibilidad de volver atrás en cualquier momento, al menos debería hacer el intento, incluyendo autos que sin ser suntuarios, estén equipados con mayores elementos de seguridad.

Por el contrario, en lugar de perder unos U$S 500. millones como ocurre en la actualidad (hay que tener en cuenta que se busca no devolver lo recaudado de más por concepto de aportes FONASA para equilibrar el presupuesto nacional y son sólo U$S 50. millones,  la décima parte de lo que pierde o gasta en siniestros de tránsito y que podría ahorrar)  con una política impositiva racional sobre el sector automotor incrementaría su recaudación y reduciría el gasto en atender las  consecuencias de los siniestros de tránsito..

Lo importante es concebir al vehículo como medio de transporte y comprender que no es un bien suntuario en sí mismo. A su vez, debe valorarse su incidencia en la calidad de vida de las personas y aprovechar esta coyuntura económica, para que muchos puedan acceder a su primer vehículo, nuevo o usado, o comprar uno más seguro para su familia. No tiene sentido en un país donde predomina la clase trabajadora, que los autos sean los más caros de la región y más caros que en la mayoría de los países del mundo. El tiempo que pierden los trabajadores trasladándose en ómnibus, vale tanto como su tiempo de trabajo y por eso el país se ha visto inundado de motos, habiéndose importado 97.568 en 2011.Hay que destacar además que más de la mitad de los muertos en siniestros de tránsito son motociclistas, y que si disminuimos la carga impositiva sobre los autos, muchos trabajadores tal vez dejen la moto y pasen a trasladarse en vehículos más seguros.

El ilusorio reparto de la riqueza mediante impuestos

Los impuestos, lejos de generar reparto de riqueza, alejan a los pobres del acceso a bienes y servicios.

Esto lo expuse en publicaciones anteriores tomando como ejemplo la política impositiva sobre los automóviles, la cual en su intento de castigar a los ricos que compran vehículos considerados como un bien suntuario, termina castigando a los pobres que terminan utilizando vehículos viejos e inseguros, mientras que los ricos compran autos modernos con elevado equipamiento de seguridad. En los últimos años la brecha se incrementó y se hizo más evidente dado que los obreros se desplazan en motos y terminan formando parte del 60 % de muertos y lesionados en accidentes de tránsito. 

Debido a esta política impositiva distorsionante, que impide el acceso a vehículos seguros a la mayoría de la ciudadanía, el estado termina gastando mucho más de lo que recauda en impuestos a los autos, en gastos de atención sanitaria a los más de 25.000 accidentados por año en siniestros de tránsito. 

Cuanto mayor es la carga impositiva mayor resulta la brecha social. Para el estado es un pésimo negocio dado que gasta más de lo que recauda, y lejos de repartir riqueza, termina alejando a los pobres de vehículos seguros y lo que les reparte es la siniestralidad en el tránsito y sus terribles consecuencias de muerte y lesiones invalidantes.

Los ricos poseen múltiples mecanismos para no pagar los impuestos, dado que pueden trasladar a los precios de lo que producen,  o servicios que prestan, los impuestos que se les intenta cobrar.

Si no pueden trasladar los impuestos, simplemente dejaran de producir,  cerrarán su empresa y pasarán a realizar otra actividad, ya sea en el país o fuera de él, y los que pagarán el costo serán los obreros y empleados que queden sin su fuente laboral.

Además el Estado es un pésimo agente repartidor de riqueza, dado que es muy ineficiente y casi el 80 % de lo que ingresa lo gasta en salarios y gastos de funcionamiento, por lo cual reparte en obras y servicios apenas el 20 % de lo que recauda, sin contar con los gastos innecesarios debidos a errores e incompetencia en la gestión.

Algunos apuntes para el Análisis de la ideología impositiva Uruguaya y las falacias que encierra

Reiteradamente se insiste en crear nuevos impuestos o aumentar los ya existentes, para poder realizar los fines de diversas políticas estatales, tales como educación, infraestructura, redistribución de la riqueza y políticas sociales.

Se escucha que siempre se trata de pequeñas contribuciones con una finalidad loable y ampliamente justificada del punto de vista social, de la equidad y amparado en la justicia redistributiva.

-          Esta es la primera falacia que vamos a analizar y que  consiste en que se considera cada impuesto en forma aislada, como si este fuera el único importe que paga la persona o empresa gravada por el referido impuesto.  En realidad debería considerarse la sumatoria de todos los impuestos  a los que debe enfrentarse el individuo o empresario, antes de discutir si es mucha o poca la carga impositiva  que se  piensa agregar.

Los Uruguayos en realidad están sojuzgados bajo una infernal y creciente  espiral impositiva, que no cesa de incrementarse año tras año. El ciudadano  es empujado  año tras año hacia un nuevo círculo, cada vez más profundo, de este infierno impositivo.

Basta mencionar el listado de impuestos que se deben pagar, listado que no ha parado de crecer año a año, producto de las iniciativas de variados organismos estatales, sin dejar de tener en cuenta los impuestos ocultos que se pagan a través de los sobrecostos en las tarifas públicas de organismos estatales monopólicos, que aportan sus excedentes a rentas generales.

Si tenemos en cuenta  a las remuneraciones personales,  se paga: IRPF (que llega al 30% de los ingresos), Fondo de solidaridad y Adicional del Fondo de solidaridad (si se es Profesional Universitario), Aportes para el financiamiento de instituciones de Asistencia Médica privada en crisis (que llega hasta el 9% del salario), y desde la reforma del sistema de salud se agregó el FONASA que llega hasta el 6%.

Si tomamos a la vivienda como elemento de aportación:  tenemos IVA sobre la venta de vivienda nueva, ITP e IRPF sobre la compra venta de vivienda nueva y usada, IVA sobre comisiones, Contribución Inmobiliaria, Impuestos de puerta, Tasa de saneamiento, Impuesto de Primaria y luego de determinado nivel, Impuesto al Patrimonio. Ni hablar en caso de que se emprenda una reforma, deberá pagar elevados aportes al BPS, además de IVA sobre los materiales  y honorarios profesionales,  y algunas tasas municipales por los permisos correspondientes.

En total se pagan 9 impuestos distintos sobre un solo elemento gravado, la vivienda propia, la cual es un derecho constitucional.

En cuanto al Automóvil: entre IVA e IMESSI en la compra de un 0 KM se paga entre el 40 y el 60% del valor del vehículo, además Patente, peajes e IVA sobre los mismos, Tasas municipales al empadronar, y luego de determinado nivel, Impuesto al Patrimonio. Además de los impuestos que pesan sobre el combustible.

Finalmente, al consumir con el dinero remanente del pago de impuestos sobre ingresos, vivienda y vehículos, pagamos un IVA de 22% y además IMESSI sobre un listado de productos considerados suntuarios.

 Hay que destacar que no se aplicó la rebaja del IVA prometida como contrapartida de la creación del IRPF, el cual ya  incrementó su tasa máxima,  a pesar de que no se ejecutó la prometida contrapartida. No solo no se rebajó el IVA, sino que el mismo fue aplicado a un listado más amplio de productos.

En total, un ciudadano uruguayo asalariado, está sometido al pago de una veintena de impuestos, alguno de ellos a tasas muy altas, como el IVA a un 22%, el IRPF entre un 20% y un 30%, y un 50% en promedio entre IVA e IMESSI, en la compra de un 0 km.

Todo esto lleva a que la carga impositiva total se aproxima al 50% de los ingresos de un asalariado que supere la canasta básica familiar, según lo documentan año a año estudios con respaldo internacional que comparan las cargas impositivas en diferentes países. (nota 1)

 Esta cifra se halla por encima si se trata de un Profesional Universitario debido a varias cargas impositivas adicionales que hemos referido.

Sistemáticamente se escuchan nuevas propuestas de incremento de la carga impositiva global ante cada necesidad que descubre el Estado o el Gobierno que requiere ser solucionada, pero nunca se escucha ni una sola propuesta sobre la introducción de modificaciones en la gestión del Estado para generar ahorros en el gasto de lo que recauda.

-          La segunda falacia evidente en la Ideología impositiva presente es que todo se justifica en que el que tiene más debe pagar más.

Evidentemente ya hemos demostrado que el que gana más ya paga mucho más, en primer lugar por la creación del IRPF, que es un impuesto porcentual sobre los ingresos. La novel ministra de Salud Pública, comenzó diciendo que era muy injusto que algunos funcionarios ganaran $ 15.000 mientras que  otros recibían  $ 300.000.

Se podría decir que en realidad es muy injusto que unos no paguen nada de IRPF y los otros paguen casi $ 90.000. Si le sumamos el resto de impuestos, paga además unos $ 60.000 adicionales.

A la ministra le parece que dicha carga impositiva es poca y pretende incrementarla aún más!! Lamentablemente la ministra no está sola en esa idea, Olesker  que también es ministro piensa lo mismo.

Desde la escuela, la sociedad uruguaya castiga el éxito. Recuerdo con claridad cómo se estigmatiza y segrega al  buen estudiante mediante el mote de “traga”. En lugar de ser un referente a imitar y alcanzar, se trata de alguien a despreciar y ser objeto de burlas.

Lejos de estimular y reconocer el esfuerzo que conduce al éxito del buen estudiante, en general  se lo tiende a apartar del resto de estudiantes normales, los que no se esfuerzan en cumplir con las tareas y objetivos del curso.

Es por esto, que se nos  ha impregnado  en nuestra formación temprana, que  no  resulta para nada extraño que parezca tan correcto y justificado sacarle más al que gana más.

Sacarle más al que ha hecho mayores sacrificios, ha tenido más empuje y empeño, o ha sido más innovador y ha agregado valor a aquello sobre lo que ha trabajado, para dárselo al que ha decidido no seguir ese camino y optó por uno más fácil, o de más corto plazo, o con menores expectativas, es revestido de un manto de justificaciones sociales y morales que no tiene en cuenta los méritos y sacrificios de los individuos y sus familias.

-          La tercera falacia es considerar que el Estado es una agente que genera mediante la recaudación de  impuestos un efecto redistributivo de la riqueza.

El Estado gasta un gran porcentaje de sus ingresos en salarios y gastos de funcionamiento de sus propios organismos, por lo cual, de todo lo que recauda le queda poco para generar redistribución, en general gasta  el 80 % en su propio funcionamiento, por lo cual deja menos del 20 % de lo que recauda para su finalidad redistributiva.

El Estado es muy ineficiente en su gestión, por lo que gran parte de los recursos que recauda los gasta en forma inadecuada y se dilapidan recursos en gastos innecesarios o emprendimientos y empresas públicas mal  gestionados, que terminan arrojando cuantiosas pérdidas.

El Estado es muy ineficiente en su gestión, tiene funcionarios en mayor número del necesario en muchas reparticiones, o con insuficiente preparación o actualización para realizar una gestión eficiente. Si se realizara una reforma en la gestión del Estado, seguramente ahorraríamos mucho dinero. Es lamentable que solo se piense en recaudar más y más, y nunca se plantea la posibilidad de estudiar el modo de generar ahorros en el ineficiente y muchas veces despilfarrador  gasto Estatal.

Es evidente que en las dos últimas administraciones se incrementó notoriamente el gasto Estatal en Salud, en Educación y en Seguridad, pero ello ha sucedido sin que se noten mejoras ni subjetivamente, ni cuando se realizan mediciones objetivas, como se hace con los indicadores de aprendizajes en la enseñanza media.

Lo mismo ha sucedido con la Intendencia de Montevideo, que a pesar de recaudar más de un millón de dólares diarios no logra mejorar su gestión, y sus autoridades también plantean que deberían cobrar más impuestos, a pesar que los mismos, tanto sobre las viviendas como sobre los autos,  son más altos que en capitales  Europeas (nota 2)

Parte de esta ineficiente gestión del Estado se refleja en los inadecuados mecanismos de control del cumplimiento de las normas y leyes establecidas, por lo cual gran parte de la ciudadanía vive al margen de estas, o sea en la informalidad.

-          La cuarta falacia es pensar que el Estado produce efectos beneficiosos para las clases sociales menos pudientes mediante su gestión.

En realidad el gobierno no percibe  los efectos negativos de su política impositiva, la cual cómo vamos a intentar demostrar  mediante algunos ejemplos, termina perjudicando a aquellos a quienes  se supone quiere beneficiar.

Tomaremos como primer ejemplo la política impositiva sobre los automóviles, que son considerados artículos suntuarios y por lo tanto sufren una carga impositiva mayor al 50 % de su valor, por lo cual tenemos el privilegio de tener los autos más caros del mundo, sobre los cuales además pagamos patentes que son más caras que en las principales ciudades Europeas.

Esta política que pretende castigar a los ricos para redistribuir ese dinero a los pobres, determina la siguiente realidad:

Los ricos compran cada vez autos más caros y con mayor nivel de equipamiento en seguridad. En cambio los pobres acceden a vehículos cada vez más viejos y más baratos en base a la eliminación de elementos de seguridad,  que hoy en día son obligatorios en países del primer mundo. Para peor, la mayoría de los obreros adquieren motos, lo cual sumado a la ineficiente política de control del tránsito a nivel nacional y departamental, llegamos a la situación actual de una altísima tasa de siniestralidad, con más de 500 muertes por años y unos 15.000 heridos y lesionados anuales, de los cuales el 60 % son motociclistas.

Por lo tanto, la política impositiva que se supone tiene como objetivo redistribuir riqueza, lo que está redistribuyendo es la mortalidad y morbilidad en el tránsito, provocando una altísima tasa de muertos y heridos entre los trabajadores y cuando más pobres mayor es su participación, siendo la primera causa de muerte en menores de 35 años.

Además estas cifras de siniestralidad implican un elevadísimo gasto en atención de salud y recuperación de lesiones invalidantes  que afectan en general  a la población más joven.

Desde que se creó el FONASA, todo el gasto en salud deriva de las arcas del Estado.  Por lo que si  hacemos una contabilidad completa, que incluya los costos de la siniestralidad, y de atención a las víctimas, seguramente veremos que el Estado termina gastado mucho más de lo que recauda en impuestos a los autos en atención sanitaria a las víctimas del tránsito.

Si los vehículos y el transporte público tuvieran una menor carga impositiva y fueran más accesibles para los trabajadores, y si el Estado reformara su gestión e hiciera más eficiente el control sobre el tránsito (que hoy presenta una altísima tasa de informalidad, siendo que más del 30% conduce sin libreta de conducir)  obtendríamos un ahorro importante en el gasto Estatal y realmente estaríamos promoviendo la justicia social y la equidad de todos los ciudadanos, tratando de que estén en igualdad de condiciones de seguridad  en el tránsito independientemente de que sean ricos o pobres.

 Como segundo ejemplo tomares la política impositiva sobre la vivienda.

 Con la enorme carga impositiva que pesa sobre la vivienda,  el efecto redistributivo debería ser  fabuloso, y todos los pobres deberían tener asegurada su vivienda por parte del estado. Sin embargo el efecto ha sido muy perjudicial para los pobres y trabajadores en general.

 La vivienda se ha encarecido cada vez más, porque lógicamente se trasladan los impuestos a los precios de la misma, y mientras los ricos no tienen problema en acceder a viviendas de calidad, para los pobres, esta alta carga impositiva, que encarece la vivienda, termina alejándolos de las viviendas de calidad del mercado formal. Por ello es que los asentamientos irregulares no han parado de crecer,  siendo esta la forma que los pobres y los trabajadores han encontrado de acceder a una vivienda, evitando las cargas impositivas que le terminan haciendo prohibitivo el acceso a una vivienda formal.

Como es bien sabido, el crecimiento de los asentamientos irregulares trae aparejado pésimas consecuencias para el manejo de la ciudad, y para los que viven en ellos alejados de todos los servicios. El Estado al final, además de dejar de recaudar por la informalización de la vivienda,  debe gastar mucho más de lo que recauda en tratar de solucionar aquello que el mismo ha generado, debido a su voracidad impositiva y a su ineficiente funcionamiento.

Es muy caro regularizar un asentamiento irregular, y proveerlo de todos los servicios necesarios (escuelas y liceos, calles, saneamiento, servicios de agua y electricidad, transporte, etc). Regularizar todos los asentamientos le costaría al Estado mucho más que lo que recauda por su política impositiva sobre la vivienda, y por lo tanto es una meta que nunca va a lograr.

Tan cierto es lo que acabo de afirmar, que en Montevideo sólo se construye vivienda nueva en las zonas en que compran los “ricos”. El gobierno ha tenido que proponer un plan de estímulo para la construcción de viviendas en otras zonas de la ciudad, eliminando la mayoría de los impuestos que pesan sobre la misma.

 No hubiera sido mejor antes  de llegar a esta situación, frenar  la voracidad impositiva estatal a tiempo y evitar la distorsión en el precio de la vivienda que terminó perjudicando a los pobres, privándolos de la posibilidad de acceder a una vivienda formal, ya sea comprándola o alquilándola?

Dicho sea a colación, hay un estudio universitario de una arquitecta realizado en una universidad privada de Montevideo (no tengo la cita a mano), que ha demostrado que subsidiar alquileres en viviendas formales es mucho más económico que regularizar asentamientos.

Nuevamente, si hacemos la contabilidad global, y ponemos por un lado lo que recauda el Estado por impuestos a la vivienda, y por otro lado lo que deja de recaudar por la informalización de barrios enteros (no cobro de impuestos, de consumos de luz y de agua) además de  lo que gasta en tratar de regularizar asentamientos y proveer de vivienda a los pobres, a los cuales alejó de la posibilidad de comprar o construir su vivienda, seguramente obtendremos un balance negativo.

Nuevamente, en lugar de tener un efecto redistributivo, las políticas impositivas castigan y condenan a los pobres a una peor calidad de vida a través de un peor acceso a la vivienda. Siendo evidente además que el Estado ha sido incapaz de construir las viviendas necesarias para los pobres, a pesar de contar con varios organismos al efecto (Plan Nacional de Viviendas, INVE, BHU, Agencia Nacional de Vivienda, y finalmente el plan JUNTOS), y cuando lo ha hecho muchas veces ha generado viviendas de muy mala calidad y ha creado graves problemas sociales y urbanísticos (complejos de Casavalle y Barrio Borro, y Cerro Norte) que terminaron provocando el deterioro de los barrios aledaños a donde fueron implantados.

Alrededor de estos asentamientos o complejos problemáticos se genera una espiral de desvalorización progresiva de las viviendas formales en el entorno, que lleva a una pérdida de valor de las mismas. Esto determina la ausencia de inversión, no se refaccionan ni actualizan las viviendas,  y por supuesto la ausencia de proyectos de construcción nueva en dichas zonas, todo lo que conduce a la progresiva desvalorización urbana y deterioro del entorno cada vez mayor. Quedan cada vez más viviendas abandonadas y la mancha de informalización se va extendiendo en forma gradual. Evidentemente el Estado cada vez recauda menos y gasta más a medida que proliferan y se extienden las zonas informales.

 En materia de alquileres, la imposición del IRPF a los mismos, sumado a la ley de alquileres que inclina demasiado la balanza hacia los inquilinos protegiendo en demasía  a los malos pagadores, termina perjudicando a los inquilinos más pobres que no pueden recurrir a garantías adecuadas y terminan pagando en una  pensión,  mucho más que un alquiler, pero por  vivir en una pieza con baño compartido,  en lugar de poder hacerlo en un apartamento o una casa.

-          La quinta falacia consiste en considerar la recaudación del Estado como ingresos netos sin contabilizar los gastos generados por las distorsiones que provocan dichas inadecuadas políticas impositivas, como ya expusimos en materia de vivienda y de impuestos a los vehículos, que terminan en muchos casos generando más gastos que ingresos al Estado.

-          La sexta falacia que encierra la Ideología impositiva Uruguaya es que los impuestos, como se le ponen a los ricos, los terminan pagando estos y por lo tanto tienen un efecto redistributivo y de justicia social. 

La mayoría de los impuestos son trasladados hacia el consumidor final, por lo cual es muy probable que los impuestos  terminen incrementando el costo de un producto y finalmente lo pague  aquel que menos tiene.

En general, todo impuesto termina trasladando su costo a través de la cadena de comercialización y producción, elevando el precio del producto final, y por lo tanto lo termina pagando el consumidor final, que no puede trasladar el impuesto.

Si aumentamos los impuestos sobre la tierra, los productos derivados de ella saldrán más caros y los pobres pagarán más cara la carne, las frutas  y las  verduras.  Si los vehículos tienen impuestos altos, estos pasarán a formar parte de los costos de la logística para trasladar los alimentos,  los bienes y los servicios, y todos ellos serán más caros y los terminarán pagando los consumidores finales, aquellos a quienes se supone se quiere beneficiar.

-          Por último quisiera señalar que no es posible incrementar en forma indefinida la carga impositiva, dado que si una actividad deja de ser rentable, es muy probable que las personas o empresas dejen de realizarla, o bien pasen a realizarla en forma informal.

En ambos casos el Estado va a ver reducida su recaudación tanto por los menores impuestos que va a lograr cobrar, como por la reducción de la actividad laboral asociada al cese o informalización de las actividades.  

Nota 1:

  Según lo publicado en El País digital el  11.10.2008, allí se establecía que la carga impositiva sobre asalariados  para una familia tipo (matrimonio y dos hijos), con un único ingreso de $ 25.000 mensuales, es de tal magnitud que deberá trabajar en 2009 hasta el 28 de mayo inclusive, es decir 149 días, para saldar sus obligaciones impositivas. El 40,79% se le va en impuestos…de acuerdo a las mediciones realizadas por el Estudio Ferrere, autorizado en exclusiva en Uruguay para el empleo de esta metodología cuyos derechos posee la Tax Foundation de Estados Unidos. La situación no ha cambiado demasiado, dado que en el 2011 el día libre de impuestos fue el 13 de mayo.

Nota 2:

 En relación a los impuestos municipales: En Montevideo se pagan hasta seis veces más impuestos a la vivienda de lo que se paga en París. Los propietarios de casas, departamentos y vehículos uruguayos pagan varias veces más en impuestos de lo que se paga en las grandes ciudades europeas. Un estudio comparativo indicó que mientras que alguien que posee una vivienda valorada en US$100.000 paga el equivalente a US$200 por concepto de impuestos inmobiliarios en París, US$440 en Milán y US$551 en Madrid, en Montevideo la cifra asciende a US$1.200. Con los autos sucede algo más extremo. Un Peugeot 306 del año ‘96 paga en Madrid un impuesto anual de US$100, US$274 en Londres, y US$1.369 en Montevideo

Manuel da Fonte

1/5/2013

Es posible prevenir un homicidio? Apoyo una respuesta afirmativa

 Gabriel Pereyra se pregunta si es posible prevenir un homicidio?  en su Editorial publicado en  El Observador. Pienso que es posible dar una respuesta afirmativa.

Hay muchas acciones diferentes, que pueden en caso de ser aplicadas, prevenir homicidios. Evidentemente no se evitarán todos los homicidios, pero seguramente con acciones preventivas si se logrará actuar antes de que ocurran.

Creo que la política de seguridad aplicada hasta ahora se enfoca en una actitud reactiva, o sea que se actúa tanto a nivel policial como judicial, una vez que se produce el delito u homicidio, y carece de actitudes  preventivas eficaces.

También se enfoca en una actitud de considerar al delincuente como un pobrecito, al cual como víctima de la sociedad que es, no se le pueden exigir responsabilidades como al resto de la sociedad.

La mayoría de los homicidios no son rayos en un cielo sereno en la historia de vida del homicida. En general están precedidos de una larga historia de eventos delictivos, la cual no fue interrumpida a tiempo mediante la aplicación de medidas preventivas eficaces.

Esto es muy claro tanto en el caso de los delitos vinculados a violencia doméstica, donde la mayoría de los casos están precedidos de una larga lista de agresiones violentas del mismo agresor, que termina finalmente matando a la víctima, sin que medien por parte del sistema judicial y policial la aplicación de medidas preventivas eficaces que protejan a la víctima y que detengan dicha cadena de agresiones.

Si el agresor violaba las medidas de restricción impuestas por la justicia y se acercaba a la víctima, en general no tenía consecuencia alguna para el agresor. Nuevamente estamos ante la ausencia de sanciones para aquel que trasgrede la normativa impuesta.

Otro causa muy común, los homicidios derivados de intentos de robo o rapiña, aunque se tratara de delincuentes muy jóvenes, incluso menores de edad, la enorme mayoría de ellos, poseían una larga lista de antecedentes penales, a pesar de lo cual se encontraban en libertad, ya sea porque fueron condenados con penas de pocos meses de reclusión, o porque era muy común que los menores fugaran de los establecimientos de reclusión.

Nuevamente en este caso, el homicidio podría haberse prevenido, dado que el delincuente largamente anunció a  través de su carrera delictiva que en algún momento iba a cometer un delito más grave, y el sistema fue incapaz de tenerlo en cuenta tomando acciones eficaces sobre dicho individuo, que interrumpieran su carrera delictiva.

En este sentido ver reportaje al jefe de policía que hace referencia a la necesidad de contar con penas de reclusión más prolongadas para los reincidentes.     En el reportaje que le hicieron en el semanario Búsqueda al Director Nacional de Policía: Insp. Ppal. (R) Julio Guarteche, destaco del mismo su comentario acerca del problema generado por aquellos delincuentes, que a pesar de su corta edad y estar cargados de múltiples antecedentes penales, habiendo sido procesados recuperan la libertad rápidamente. Esto  genera una sobrecarga de trabajo policial desmedida. Dicho de otra forma estamos, como el burro girando siempre alrededor de la noria, persiguiendo a los mismos delincuentes, sin alcanzar nunca el objetivo de mejoría de la seguridad.

También coincido con el Jefe de Policía, en que deberían establecerse mayores tiempos de reclusión para los individuos con más de un delito en su haber cuando son procesados, porque evidentemente no se van a rehabilitar ni van a dejar de delinquir cuando sean liberados.

Como forma de actuar frenando la reincidencia y por ende cortando la carrera delictiva que lleva a culminar en homicidios, propongo que además de la extensión propuesta de las penas para los reincidentes,  implementar el sistema de pulseras electrónicas, que se impuso para las víctimas y victimarios de violencia doméstica, para los liberados por un plazo de varios años.

 Esta medida seguramente permitiría reducir la reincidencia en la actividad delictiva, dado que permitiría probar la localización del individuo en el lugar que se produjo el delito y proceder a su detención con la prueba de que estuvo en el lugar y en el momento que se cometió el acto delictivo. Además permitiría solucionar los problemas que hay actualmente para identificar a los delincuentes, en los lugares donde hay cámaras por el camuflaje con cascos, gorros y capuchas, y donde no las hay, permitirá la identificación por la prueba de que estuvo presente en el lugar y momento del delito a través de la pulsera con gps.

En un estudio realizado por CERES, dirigido por Ernesto Talvi, y que fuera llevado adelante por Munyo,  que estudia el beneficio económico del delito, como explicación del aumento de la delincuencia juvenil. (Conferencia del Dr. E Talvi director académico de  CERES, titulada “La Delincuencia Juvenil en el Uruguay Desde un Enfoque Económico y Social: Un Aporte al Debate Sobre las Causas y Posibles Soluciones”, asi como el excelente trabajo de donde se extraen las bases de su argumentación realizado por  Ignacio Munyo en CERES, en la cual  expone acerca de las causas del aumento de la delincuencia juvenil en Uruguay. (ver espectador.com, sección documentos).  Creo que lo mismo se puede aplicar al auge de la delincuencia a nivel de adultos.

Dice E. Talvi en un reportaje realizado en radio El Espectador: “para un joven la decisión de optar entre una actividad legal o ilegal depende fundamentalmente del retorno esperado de cada una de las actividades. Por un lado, el retorno de las actividades legales depende del nivel educativo, los que tienen más educación son los más productivos y por ende los que tienen el potencial de generar mayores ingresos. Por otro, el retorno de las actividades ilegales lo constituye el botín potencial”. Y agregó: “Cuanto mayor es el nivel educativo y mayor el salario que se puede obtener en las actividades legales con relación al botín esperado, menor es el incentivo para optar por la actividad delictiva. Cuanto mayor es la probabilidad de terminar recluido –o sea, ser capturado, procesado, juzgado y condenado–, y cuanto más severa la condena y menor la probabilidad de escape del centro de reclusión, menor será el incentivo a delinquir, ya que no es posible generar ingresos si uno no ejerce la actividad por estar internado”.

Talvi sintetiza en este párrafo varios factores que contribuyen al incremento de la actividad delictiva y sobre los cuales se podría incidir para reducir la delincuencia. Como dijimos anteriormente, que los homicidios por rapiña o robo, en gral. van precedidos de una larga carrera delictiva, las acciones que logren reducir estos eventos, terminarán en realidad contribuyendo a reducir los homicidios.

 Comparto plenamente el planteo acerca de los costos y beneficios del delito comparados con los de la actividad formal, así como la diferencia de oportunidades en base a la formación a la que cada individuo logró acceder.

            En cuanto a los posibles caminos de soluciones, Talvi  plantea dos, por un lado el aumento de las penas (sobre todo la certeza de que es altamente probable que la misma sea aplicada), y por otro la mejora en la calidad educativa a la que se accede.

Creo que debería plantearse una tercera opción: La misma estaría enfocada en reducir el beneficio económico del delito y consistiría en que una vez condenado, el delincuente debe hacerse cargo de los costos que generó por su actividad reparando el daño causado.

Esto incluiría reponer lo robado, más los costos de reparar lo dañado, más el lucro cesante de la víctima, más los costos de atención médica asumidos por la víctima debido a las lesiones provocadas, y los que corren por cargo del prestador de servicios médicos (hoy en día el Estado a través del  Fonasa), más los costos de atención en el sistema carcelario (comida, alojamiento, costos de reparación por daños en las cárceles, etc.), y además los costos de su asistencia médica, dado que no aportan a la misma.

Si el delincuente o su familia no poseen bienes con los que responder, debería trabajar hasta lograr producir lo necesario para cubrir todos los costos que le generó a las víctimas y al Estado con su actividad delictiva. Una vez saldada su deuda recién estaría en condiciones de  quedar en libertad.

 En el caso de los menores de edad, los padres como responsables legales deberían hacerse cargo de los costos generados por la actividad delictiva de los menores.

En la situación actual, el único costo que tiene la actividad delictiva es la prisión o penas alternativas (cuya vigilancia de cumplimiento es prácticamente inexistente), pero no hay ningún mecanismo de aplicación rutinaria que permita la exigencia real de reparación del daño provocado. (en este punto vemos que predomina considerar al delincuente como pobrecito, una víctima de la sociedad, sin que se le puedan exigir responsabilidades, y siempre es considerado como incapaz de responder económicamente)

Esto en cambio rige para las personas que se dedican a la actividad formal, por ejemplo en la medicina es de uso cada vez más común la demanda por mala praxis, en las cuales se busca principalmente la reparación del daño provocado. Lo mismo ocurre en caso de accidentes de tránsito o laborales, donde los responsables de provocar un accidente o siniestro deben asumir los costos de reparar los daños por lesiones o muerte.

Este tema es una muestra más de cómo en nuestra sociedad las leyes, reglamentos y obligaciones se aplican solo a aquellos que están dentro de la formalidad, mientras que aquellos que deciden colocarse en la informalidad escapan a todo tipo de obligación y ni siquiera deben afrontar los costos que generan a terceros por su actividad.

Hay ejemplos abundantes en materia de tránsito (vehículos que circulan sin estar habilitados, sin seguros), vivienda (asentamientos u ocupación de viviendas), comercio (puestos callejeros, periferiantes), etc.

Pero en este tema en particular en el cual se comparan los costos y beneficios de la actividad delictiva y de la actividad laboral formal, es muy claro como el Estado le impone costos y obligaciones al que trabaja en una actividad formal, debiendo pagar impuestos y aportes sobre su salario, excluyéndolo de planes de ayuda social porque tiene un ingreso formal, y haciéndolo responsable de pagar daños provocados a terceros, además de tener que asumir los costos que le impone la delincuencia por los bienes sustraídos, además de la reparación de los daños provocados en el robo ya sean materiales o personales, sin posibilidad de acceder a reparaciones como víctimas, salvo en contadas y recientes excepciones.

Mientras que aquel que está en la actividad delictiva no debe pagar impuestos por los ingresos que recibe fruto de su actividad, no se le hacen pagar los daños que provoca a terceros, ni siquiera debe devolver lo robado ni reparar lo dañado aunque sea condenado, y además accede a todos los planes de ayuda social dado que carece de actividad formal registrada, y por supuesto los costos de su asistencia médica en caso de ser dañado corren por cuenta del Estado dado que se asiste gratuitamente en el sistema público de Salud, al cual no aporta como si lo hacen los trabajadores a través del Fonasa.

Por lo analizado es imposible que la ecuación se revierta a favor del trabajo formal, salvo que haya una decisión política muy firme de incrementar el costo del delito.

Sin lugar a dudas,  se debe avanzar hacia un sistema que disminuya el beneficio económico del delito, haciendo que cada vez que un delincuente es procesado por uno o más delitos, como parte de la pena esté incluida la obligación de reparar el daño causado, ya sea a la propiedad (por robo directo o daño a la misma) o a la propia persona (lesiones personales, pérdida de días de trabajo, costos de tratamientos médicos, etc.).  La reparación puede hacerse en dinero, sobre las propiedades de los delincuentes, o mediante horas de trabajo volcando el producido a la reparación de las víctimas. Recién una vez que el delincuente haya reparado la totalidad del daño provocado podrá volver a estar en libertad.

Esta última, creo que sería una medida que tendría un efecto  mucho más desestimulante de la actividad delictiva que la prisión, dado que eliminaría el beneficio económico de la actividad delictiva.

Hoy en día la misma solo tiene beneficios económicos y carece de costos, dado que incluso cuando el delincuente es procesado, la condena carece de un costo económico. Muchas veces inclusive la misma actividad delictiva continúa desde la cárcel, o inclusive se generan nuevas actividades con beneficio económico dentro mismo del establecimiento de detención (peajes, protección, tráfico de celulares o drogas, etc.)

El otro punto sobre el que se debe actuar es mejorando la educación, para lo cual hay múltiples propuestas y enormes resistencias para llevarlas adelante de parte de los gremios de la educación y de muchas autoridades y políticos de la izquierda que nos gobierna.

Pero también se debe actuar sobre los Ni-Ni, que son aquellos que han abandonado totalmente la educación y el trabajo. De estos individuos solo puede esperarse que obtengan sus ingresos de la mendicidad abusiva o de la delincuencia. En este sentido existe una gran herramienta legal, la cual las autoridades se han negado a aplicar, que es la ley de vagancia (Ley Nº 10.071 VAGANCIA, MENDICIDAD Y ESTADOS AFINES.SE DISPONE SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD).

 La misma es una herramienta que posee un enfoque básicamente preventivo del delito, y que permitiría actuar sobre la población que vive en la calle (la mitad de ellos con antecedentes penales) además de los adictos, y aquellos que ni estudian ni trabajan.

La misma establece:  Artículo 2º.- En  las  condiciones  del  artículo  anterior  podrán  quedar  sometidos  a  las medidas de seguridad que instituye la presente ley.

A)   Los vagos, considerándose tales los que no teniendo medios lícitos de subsistencia, no ejerzan profesión u oficio y, siendo aptos para el trabajo, se entreguen a la ociosidad.

B)   Los mendigos, considerándose tales los que, siendo aptos para el trabajo, se dedicaren -de modo habitual- a mendigar públicamente.

C)   Los ebrios y toxicómanos habituales, que se embriaguen o intoxiquen en lugares públicos.

F)   Los que, requeridos legítimamente por la autoridad, no justifiquen la procedencia del dinero o efectos que guarden en su poder o que hubieren entregado a otros para su inversión o custodia.

En principio no resulta aceptable que un sector de la sociedad (los ni-ni) resuelvan por si y ante si que el resto de la sociedad debe trabajar para hacerse cargo de todas sus necesidades, sin que ellos tengan ninguna obligación de contribuir a la misma, ni cumplir con las normas de convivencia establecidas en leyes y reglamentos, garantes de los derechos de todos, sobre todo en el uso de los espacios públicos y manejo de la basura.

Por último y para no extenderme, dado que la mayoría de las rapiñas y robos se producen por sujetos que se desplazan de a dos en una moto, creo que sería de utilidad realizar una vigilancia y control pertinaz y continuo sobre las motos ocupadas por dos sujetos, en general jóvenes, que circulen por la ciudad.

En algún país asiático se llegó a prohibir que circulen dos personas en una moto, bajando las rapiñas a la mitad con esa simple medida.

Sin otro particular, y esperando haber contribuido con alguna propuesta viable a su pregunta le saluda a Ud. atte.,

Manuel da Fonte