miércoles, 23 de octubre de 2024

Apuntes sobre la ideología impositiva Uruguaya

 



31.05.2013 19:14

 

Algunos apuntes para el Análisis de la ideología impositiva Uruguaya y las falacias que encierra

 

Reiteradamente se insiste en crear nuevos impuestos o aumentar los ya existentes, para poder realizar los fines de diversas políticas estatales, tales como educación, infraestructura, redistribución de la riqueza y políticas sociales.

Se escucha que siempre se trata de pequeñas contribuciones con una finalidad loable y ampliamente justificada del punto de vista social, de la equidad y amparado en la justicia redistributiva.

-          Esta es la primera falacia que vamos a analizar y que  consiste en que se considera cada impuesto en forma aislada, como si este fuera el único importe que paga la persona o empresa gravada por el referido impuesto.  En realidad debería considerarse la sumatoria de todos los impuestos  a los que debe enfrentarse el individuo o empresario, antes de discutir si es mucha o poca la carga impositiva  que se  piensa agregar.

Los Uruguayos en realidad están sojuzgados bajo una infernal y creciente  espiral impositiva, que no cesa de incrementarse año tras año. El ciudadano  es empujado  año tras año hacia un nuevo círculo, cada vez más profundo, de este infierno impositivo.

Basta mencionar el listado de impuestos que se deben pagar, listado que no ha parado de crecer año a año, producto de las iniciativas de variados organismos estatales, sin dejar de tener en cuenta los impuestos ocultos que se pagan a través de los sobrecostos en las tarifas públicas de organismos estatales monopólicos, que aportan sus excedentes a rentas generales.

Si tenemos en cuenta  a las remuneraciones personales,  se paga: IRPF (que llega al 30% de los ingresos), Fondo de solidaridad y Adicional del Fondo de solidaridad (si se es Profesional Universitario), Aportes para el financiamiento de instituciones de Asistencia Médica privada en crisis (que llega hasta el 9% del salario), y desde la reforma del sistema de salud se agregó el FONASA que llega hasta el 6%.

Si tomamos a la vivienda como elemento de aportación:  tenemos IVA sobre la venta de vivienda nueva, ITP e IRPF sobre la compra venta de vivienda nueva y usada, IVA sobre comisiones, Contribución Inmobiliaria, Impuestos de puerta, Tasa de saneamiento, Impuesto de Primaria y luego de determinado nivel, Impuesto al Patrimonio. Ni hablar en caso de que se emprenda una reforma, deberá pagar elevados aportes al BPS, además de IVA sobre los materiales  y honorarios profesionales,  y algunas tasas municipales por los permisos correspondientes.

En total se pagan 9 impuestos distintos sobre un solo elemento gravado, la vivienda propia, la cual es un derecho constitucional.

En cuanto al Automóvil: entre IVA e IMESSI en la compra de un 0 KM se paga entre el 40 y el 60% del valor del vehículo, además Patente, peajes e IVA sobre los mismos, Tasas municipales al empadronar, y luego de determinado nivel, Impuesto al Patrimonio. Además de los impuestos que pesan sobre el combustible.

Finalmente, al consumir con el dinero remanente del pago de impuestos sobre ingresos, vivienda y vehículos, pagamos un IVA de 22% y además IMESSI sobre un listado de productos considerados suntuarios.

 Hay que destacar que no se aplicó la rebaja del IVA prometida como contrapartida de la creación del IRPF, el cual ya  incrementó su tasa máxima,  a pesar de que no se ejecutó la prometida contrapartida. No solo no se rebajó el IVA, sino que el mismo fue aplicado a un listado más amplio de productos.

En total, un ciudadano uruguayo asalariado, está sometido al pago de una veintena de impuestos, alguno de ellos a tasas muy altas, como el IVA a un 22%, el IRPF entre un 20% y un 30%, y un 50% en promedio entre IVA e IMESSI, en la compra de un 0 km.

Todo esto lleva a que la carga impositiva total se aproxima al 50% de los ingresos de un asalariado que supere la canasta básica familiar, según lo documentan año a año estudios con respaldo internacional que comparan las cargas impositivas en diferentes países. (nota 1)

 Esta cifra se halla por encima si se trata de un Profesional Universitario debido a varias cargas impositivas adicionales que hemos referido.

Sistemáticamente se escuchan nuevas propuestas de incremento de la carga impositiva global ante cada necesidad que descubre el Estado o el Gobierno que requiere ser solucionada, pero nunca se escucha ni una sola propuesta sobre la introducción de modificaciones en la gestión del Estado para generar ahorros en el gasto de lo que recauda.

 

-          La segunda falacia evidente en la Ideología impositiva presente es que todo se justifica en que el que tiene más debe pagar más.

Evidentemente ya hemos demostrado que el que gana más ya paga mucho más, en primer lugar por la creación del IRPF, que es un impuesto porcentual sobre los ingresos. La novel ministra de Salud Pública, comenzó diciendo que era muy injusto que algunos funcionarios ganaran $ 15.000 mientras que  otros recibían  $ 300.000.

Se podría decir que en realidad es muy injusto que unos no paguen nada de IRPF y los otros paguen casi $ 90.000. Si le sumamos el resto de impuestos, paga además unos $ 60.000 adicionales.

A la ministra le parece que dicha carga impositiva es poca y pretende incrementarla aún más!! Lamentablemente la ministra no está sola en esa idea, Olesker  que también es ministro piensa lo mismo.

Desde la escuela, la sociedad uruguaya castiga el éxito. Recuerdo con claridad cómo se estigmatiza y segrega al  buen estudiante mediante el mote de “traga”. En lugar de ser un referente a imitar y alcanzar, se trata de alguien a despreciar y ser objeto de burlas.

Lejos de estimular y reconocer el esfuerzo que conduce al éxito del buen estudiante, en general  se lo tiende a apartar del resto de estudiantes normales, los que no se esfuerzan en cumplir con las tareas y objetivos del curso.

Es por esto, que se nos  ha impregnado  en nuestra formación temprana, que  no  resulta para nada extraño que parezca tan correcto y justificado sacarle más al que gana más.

Sacarle más al que ha hecho mayores sacrificios, ha tenido más empuje y empeño, o ha sido más innovador y ha agregado valor a aquello sobre lo que ha trabajado, para dárselo al que ha decidido no seguir ese camino y optó por uno más fácil, o de más corto plazo, o con menores expectativas, es revestido de un manto de justificaciones sociales y morales que no tiene en cuenta los méritos y sacrificios de los individuos y sus familias.

 

-          La tercera falacia es considerar que el Estado es una agente que genera mediante la recaudación de  impuestos un efecto redistributivo de la riqueza.

El Estado gasta un gran porcentaje de sus ingresos en salarios y gastos de funcionamiento de sus propios organismos, por lo cual, de todo lo que recauda le queda poco para generar redistribución, en general gasta  el 80 % en su propio funcionamiento, por lo cual deja menos del 20 % de lo que recauda para su finalidad redistributiva.

El Estado es muy ineficiente en su gestión, por lo que gran parte de los recursos que recauda los gasta en forma inadecuada y se dilapidan recursos en gastos innecesarios o emprendimientos y empresas públicas mal  gestionados, que terminan arrojando cuantiosas pérdidas.

El Estado es muy ineficiente en su gestión, tiene funcionarios en mayor número del necesario en muchas reparticiones, o con insuficiente preparación o actualización para realizar una gestión eficiente. Si se realizara una reforma en la gestión del Estado, seguramente ahorraríamos mucho dinero. Es lamentable que solo se piense en recaudar más y más, y nunca se plantea la posibilidad de estudiar el modo de generar ahorros en el ineficiente y muchas veces despilfarrador  gasto Estatal.

Es evidente que en las dos últimas administraciones se incrementó notoriamente el gasto Estatal en Salud, en Educación y en Seguridad, pero ello ha sucedido sin que se noten mejoras ni subjetivamente, ni cuando se realizan mediciones objetivas, como se hace con los indicadores de aprendizajes en la enseñanza media.

Lo mismo ha sucedido con la Intendencia de Montevideo, que a pesar de recaudar más de un millón de dólares diarios no logra mejorar su gestión, y sus autoridades también plantean que deberían cobrar más impuestos, a pesar que los mismos, tanto sobre las viviendas como sobre los autos,  son más altos que en capitales  Europeas (nota 2)

Parte de esta ineficiente gestión del Estado se refleja en los inadecuados mecanismos de control del cumplimiento de las normas y leyes establecidas, por lo cual gran parte de la ciudadanía vive al margen de estas, o sea en la informalidad.

-          La cuarta falacia es pensar que el Estado produce efectos beneficiosos para las clases sociales menos pudientes mediante su gestión.

En realidad el gobierno no percibe  los efectos negativos de su política impositiva, la cual cómo vamos a intentar demostrar  mediante algunos ejemplos, termina perjudicando a aquellos a quienes  se supone quiere beneficiar.

Tomaremos como primer ejemplo la política impositiva sobre los automóviles, que son considerados artículos suntuarios y por lo tanto sufren una carga impositiva mayor al 50 % de su valor, por lo cual tenemos el privilegio de tener los autos más caros del mundo, sobre los cuales además pagamos patentes que son más caras que en las principales ciudades Europeas.

Esta política que pretende castigar a los ricos para redistribuir ese dinero a los pobres, determina la siguiente realidad:

Los ricos compran cada vez autos más caros y con mayor nivel de equipamiento en seguridad. En cambio los pobres acceden a vehículos cada vez más viejos y más baratos en base a la eliminación de elementos de seguridad,  que hoy en día son obligatorios en países del primer mundo. Para peor, la mayoría de los obreros adquieren motos, lo cual sumado a la ineficiente política de control del tránsito a nivel nacional y departamental, llegamos a la situación actual de una altísima tasa de siniestralidad, con más de 500 muertes por años y unos 15.000 heridos y lesionados anuales, de los cuales el 60 % son motociclistas.

Por lo tanto, la política impositiva que se supone tiene como objetivo redistribuir riqueza, lo que está redistribuyendo es la mortalidad y morbilidad en el tránsito, provocando una altísima tasa de muertos y heridos entre los trabajadores y cuando más pobres mayor es su participación, siendo la primera causa de muerte en menores de 35 años.

Además estas cifras de siniestralidad implican un elevadísimo gasto en atención de salud y recuperación de lesiones invalidantes  que afectan en general  a la población más joven.

Desde que se creó el FONASA, todo el gasto en salud deriva de las arcas del Estado.  Por lo que si  hacemos una contabilidad completa, que incluya los costos de la siniestralidad, y de atención a las víctimas, seguramente veremos que el Estado termina gastado mucho más de lo que recauda en impuestos a los autos en atención sanitaria a las víctimas del tránsito.

Si los vehículos y el transporte público tuvieran una menor carga impositiva y fueran más accesibles para los trabajadores, y si el Estado reformara su gestión e hiciera más eficiente el control sobre el tránsito (que hoy presenta una altísima tasa de informalidad, siendo que más del 30% conduce sin libreta de conducir)  obtendríamos un ahorro importante en el gasto Estatal y realmente estaríamos promoviendo la justicia social y la equidad de todos los ciudadanos, tratando de que estén en igualdad de condiciones de seguridad  en el tránsito independientemente de que sean ricos o pobres.

 Como segundo ejemplo tomares la política impositiva sobre la vivienda.

 Con la enorme carga impositiva que pesa sobre la vivienda,  el efecto redistributivo debería ser  fabuloso, y todos los pobres deberían tener asegurada su vivienda por parte del estado. Sin embargo el efecto ha sido muy perjudicial para los pobres y trabajadores en general.

 La vivienda se ha encarecido cada vez más, porque lógicamente se trasladan los impuestos a los precios de la misma, y mientras los ricos no tienen problema en acceder a viviendas de calidad, para los pobres, esta alta carga impositiva, que encarece la vivienda, termina alejándolos de las viviendas de calidad del mercado formal. Por ello es que los asentamientos irregulares no han parado de crecer,  siendo esta la forma que los pobres y los trabajadores han encontrado de acceder a una vivienda, evitando las cargas impositivas que le terminan haciendo prohibitivo el acceso a una vivienda formal.

Como es bien sabido, el crecimiento de los asentamientos irregulares trae aparejado pésimas consecuencias para el manejo de la ciudad, y para los que viven en ellos alejados de todos los servicios. El Estado al final, además de dejar de recaudar por la informalización de la vivienda,  debe gastar mucho más de lo que recauda en tratar de solucionar aquello que el mismo ha generado, debido a su voracidad impositiva y a su ineficiente funcionamiento.

Es muy caro regularizar un asentamiento irregular, y proveerlo de todos los servicios necesarios (escuelas y liceos, calles, saneamiento, servicios de agua y electricidad, transporte, etc). Regularizar todos los asentamientos le costaría al Estado mucho más que lo que recauda por su política impositiva sobre la vivienda, y por lo tanto es una meta que nunca va a lograr.

Tan cierto es lo que acabo de afirmar, que en Montevideo sólo se construye vivienda nueva en las zonas en que compran los “ricos”. El gobierno ha tenido que proponer un plan de estímulo para la construcción de viviendas en otras zonas de la ciudad, eliminando la mayoría de los impuestos que pesan sobre la misma.

 No hubiera sido mejor antes  de llegar a esta situación, frenar  la voracidad impositiva estatal a tiempo y evitar la distorsión en el precio de la vivienda que terminó perjudicando a los pobres, privándolos de la posibilidad de acceder a una vivienda formal, ya sea comprándola o alquilándola?

Dicho sea a colación, hay un estudio universitario de una arquitecta realizado en una universidad privada de Montevideo (no tengo la cita a mano), que ha demostrado que subsidiar alquileres en viviendas formales es mucho más económico que regularizar asentamientos.

Nuevamente, si hacemos la contabilidad global, y ponemos por un lado lo que recauda el Estado por impuestos a la vivienda, y por otro lado lo que deja de recaudar por la informalización de barrios enteros (no cobro de impuestos, de consumos de luz y de agua) además de  lo que gasta en tratar de regularizar asentamientos y proveer de vivienda a los pobres, a los cuales alejó de la posibilidad de comprar o construir su vivienda, seguramente obtendremos un balance negativo.

Nuevamente, en lugar de tener un efecto redistributivo, las políticas impositivas castigan y condenan a los pobres a una peor calidad de vida a través de un peor acceso a la vivienda. Siendo evidente además que el Estado ha sido incapaz de construir las viviendas necesarias para los pobres, a pesar de contar con varios organismos al efecto (Plan Nacional de Viviendas, INVE, BHU, Agencia Nacional de Vivienda, y finalmente el plan JUNTOS), y cuando lo ha hecho muchas veces ha generado viviendas de muy mala calidad y ha creado graves problemas sociales y urbanísticos (complejos de Casavalle y Barrio Borro, y Cerro Norte) que terminaron provocando el deterioro de los barrios aledaños a donde fueron implantados.

Alrededor de estos asentamientos o complejos problemáticos se genera una espiral de desvalorización progresiva de las viviendas formales en el entorno, que lleva a una pérdida de valor de las mismas. Esto determina la ausencia de inversión, no se refaccionan ni actualizan las viviendas,  y por supuesto la ausencia de proyectos de construcción nueva en dichas zonas, todo lo que conduce a la progresiva desvalorización urbana y deterioro del entorno cada vez mayor. Quedan cada vez más viviendas abandonadas y la mancha de informalización se va extendiendo en forma gradual. Evidentemente el Estado cada vez recauda menos y gasta más a medida que proliferan y se extienden las zonas informales.

 En materia de alquileres, la imposición del IRPF a los mismos, sumado a la ley de alquileres que inclina demasiado la balanza hacia los inquilinos protegiendo en demasía  a los malos pagadores, termina perjudicando a los inquilinos más pobres que no pueden recurrir a garantías adecuadas y terminan pagando en una  pensión,  mucho más que un alquiler, pero por  vivir en una pieza con baño compartido,  en lugar de poder hacerlo en un apartamento o una casa.

 

-          La quinta falacia consiste en considerar la recaudación del Estado como ingresos netos sin contabilizar los gastos generados por las distorsiones que provocan dichas inadecuadas políticas impositivas, como ya expusimos en materia de vivienda y de impuestos a los vehículos, que terminan en muchos casos generando más gastos que ingresos al Estado.

-          La sexta falacia que encierra la Ideología impositiva Uruguaya es que los impuestos, como se le ponen a los ricos, los terminan pagando estos y por lo tanto tienen un efecto redistributivo y de justicia social. 

La mayoría de los impuestos son trasladados hacia el consumidor final, por lo cual es muy probable que los impuestos  terminen incrementando el costo de un producto y finalmente lo pague  aquel que menos tiene.

En general, todo impuesto termina trasladando su costo a través de la cadena de comercialización y producción, elevando el precio del producto final, y por lo tanto lo termina pagando el consumidor final, que no puede trasladar el impuesto.

Si aumentamos los impuestos sobre la tierra, los productos derivados de ella saldrán más caros y los pobres pagarán más cara la carne, las frutas  y las  verduras.  Si los vehículos tienen impuestos altos, estos pasarán a formar parte de los costos de la logística para trasladar los alimentos,  los bienes y los servicios, y todos ellos serán más caros y los terminarán pagando los consumidores finales, aquellos a quienes se supone se quiere beneficiar.

-          Por último quisiera señalar que no es posible incrementar en forma indefinida la carga impositiva, dado que si una actividad deja de ser rentable, es muy probable que las personas o empresas dejen de realizarla, o bien pasen a realizarla en forma informal.

En ambos casos el Estado va a ver reducida su recaudación tanto por los menores impuestos que va a lograr cobrar, como por la reducción de la actividad laboral asociada al cese o informalización de las actividades.  

 

Nota 1:

  Según lo publicado en El País digital el  11.10.2008, allí se establecía que la carga impositiva sobre asalariados  para una familia tipo (matrimonio y dos hijos), con un único ingreso de $ 25.000 mensuales, es de tal magnitud que deberá trabajar en 2009 hasta el 28 de mayo inclusive, es decir 149 días, para saldar sus obligaciones impositivas. El 40,79% se le va en impuestos…de acuerdo a las mediciones realizadas por el Estudio Ferrere, autorizado en exclusiva en Uruguay para el empleo de esta metodología cuyos derechos posee la Tax Foundation de Estados Unidos. La situación no ha cambiado demasiado, dado que en el 2011 el día libre de impuestos fue el 13 de mayo.

Nota 2:

 En relación a los impuestos municipales: En Montevideo se pagan hasta seis veces más impuestos a la vivienda de lo que se paga en París. Los propietarios de casas, departamentos y vehículos uruguayos pagan varias veces más en impuestos de lo que se paga en las grandes ciudades europeas. Un estudio comparativo indicó que mientras que alguien que posee una vivienda valorada en US$100.000 paga el equivalente a US$200 por concepto de impuestos inmobiliarios en París, US$440 en Milán y US$551 en Madrid, en Montevideo la cifra asciende a US$1.200. Con los autos sucede algo más extremo. Un Peugeot 306 del año ‘96 paga en Madrid un impuesto anual de US$100, US$274 en Londres, y US$1.369 en Montevideo

El imparable infierno impositivo Uruguayo. Octavo capítulo

 03.04.2018 11:25

https://www.elpais.com.uy/economia-y-mercado/mayor-presion-tributaria-economia.html?utm_source=news-elpais&utm_medium=email&utm_term=Mayor%20presión%20tributaria%20sobre%20la%20economía&utm_content=02042018&utm_campaign=Economía%20y%20Mercado

El imparable infierno impositivo Uruguayo. Séptimo capítulo

 06.07.2017 15:18

Como cada año que pasa, en el 2017 también se incrementan y se crean nuevos impuestos. Siempre es un poquito y a unos pocos, pero la sumatoria va generando un infierno impositivo, que va liquidando empresas y evitando que se creen otras.

A fines del año pasado se incrementó la tasa a pagar de IRAE.

Se estableció el aporte de IRPF sobre utilidades y se modificó el régimen establecido en caso de utilidades no repartidas.

IRAE a Uber y otras plataformas tecnológicas
Incremento de la tasa consular para todos los productos importados
Incremento del IRPF, por doble mecanismo: incremento de la tasa de aporte, y reducción de las deducciones.
Incremento de las tarifas públicas por encima de los costos. UTE, ANCAP, etc.

Se incremento del 4 al 5 % del valor del vehículo el monto a pagar de patente.

El ministro de Economía Danilo Astori anunció la semana pasada, cuando presentara el proyecto de Rendición de Cuentas en el Parlamento, que está "en marcha" una actualización catastral para la propiedad rural, lo cual a juicio de Pablo Zerbino, presidente de la ARU, representa "un aumento de la contribución inmobiliaria y del Impuesto de Primaria".
Y hay más sorpresas en la rendición de cuentas que  de aprobarse entrará en rigor en 2018, es que "los operadores postales de envíos internacionales expresos o Courier, que entreguen envíos por compras realizadas en el exterior o vía Internet, deberán cobrar la Tfspu (tasa postal) sobre un mínimo imponible de 65 UI (sesenta y cinco Unidades Indexadas) cada 500 (quinientos) gramos y por envío, reajustable el primero de enero y el primero de julio de cada año".
Y otra más, uno de los artículos que integran el proyecto de Rendición de Cuentas propone fijar un impuesto del 3% sobre el valor total de las rifas que venden los estudiantes de Ciencias Económicas y de Arquitectura para financiar sus viajes.

Antes se creó la tasa por km recorrido a UBER y otras plataformas que ofrecen transporte de pasajeros.

El imparable infierno impositivo Uruguayo. Sexto capítulo

 


14.01.2016 13:46

El ajuste fiscal que no era necesario y la promesa de no agregar más impuestos de Astori y Vázquez han quedado en el olvido: sobreprecios en todas las tarifas públicas, en el caso de Antel hasta un 26% de aumento en las tarifas de internet, impuesto de primaria al campo, aumento del IRAE del 25 al 30% (retroactivo), aumento de patentes de los no Ok por arriba de la inflación, el incremento del monto anual del fondo de solidaridad universitario y el aumento de los años a pagar, el incremento de la contribución rural, la eliminación de exoneraciones impositivas a ópticas y librerías, el incremento del consumo mínimo fijo de Ose (cobra por 5 m3 aunque se consuma menos) y ahora incrementó su cargo fijo. Y creo que esto no para, ya se está hablando de nuevos impuestos a Airbnb, y luego veremos que nos depara el resto del año.

La IMM no se queda atrás y piensa incrementar en 300 millones de dólares su recaudación impositiva.

El imparable infierno impositivo Uruguayo. Quinto capítulo

 01.09.2015 13:21


Virginia Graña: ‎REFORMULACION DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y ELIMINACION DEL ADICIONAL.


ATENCION! SE INCLUYERON CAMBIOS RESPECTO AL FDS EN LA LEY DE PRESUPUESTO. LO PEOR ES EL AUMENTO DEL MONTO A PAGAR! Y LA EXTENCIÓN DE LOS AÑOS PARA PAGAR.
 ARTÍCULO 699.- Sustituyese el artículo 3 de la Ley Nº 16.524, de 25 de julio de 1994, en la
 redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.451, de 10 de enero de 2002, por el siguiente:
 "Artículo 3.- El Fondo se integrará mediante una contribución especial (artículo 13 del
 Código Tributario) efectuada por los egresados de la Universidad de la República, del
 nivel terciario del Consejo de Educación Técnico Profesional y de la Universidad
 Tecnológica del Uruguay, cuyos ingresos mensuales sean superiores a 8 BPC (ocho
 Bases de Prestaciones y Contribuciones). Dicha contribución especial deberá ser pagada
 a partir de cumplido el quinto año del egreso, hasta que se verifique alguna de las
 siguientes condiciones:
 a) Que el contribuyente cese en toda actividad remunerada y acceda a una jubilación.
 b) Que el contribuyente cumpla 70 años de edad.
 c) Que el contribuyente presente una enfermedad física o psíquica irreversible que lo
 inhabilite a desempeñar cualquier tipo de actividad remunerada.
 El monto de la contribución se determinará atendiendo a la duración de la carrera del
 egresado, apreciada a la fecha de promulgación de la presente ley y a la cantidad de
 años transcurridos desde el egreso, de tal forma que:
 a) Los egresados cuyas carreras tengan una duración inferior a cuatro años, aportarán
 anualmente una contribución equivalente a 0,5 BPC (media base de prestaciones y
 contribuciones) entre los cinco a nueve años desde el egreso y una contribución
 equivalente a 1 BPC (una base de prestaciones y contribuciones) a partir de cumplidos
 los diez años desde el egreso.
 b) Los egresados cuyas carreras tengan una duración igual o superior cuatro años, aportarán anualmente una contribución equivalente a 1 (una) BPC entre los cincos y
 nueve años desde el egreso y una contribución equivalente a 2 (dos) BPC a partir de
 cumplidos los diez años desde el egreso.
 La reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo establecerá los requisitos necesarios
 que deberán cumplir quienes perciban ingresos inferiores a los establecidos en el inciso
 primero de este artículo, para justificar los mismos, así como la información que deberán
 suministrar los organismos públicos para el efectivo cumplimiento de lo dispuesto. En
 caso de incumplimiento de los requisitos formales establecidos por la reglamentación, el
 egresado será sancionado con una multa de hasta 0,5 (media) BPC por ejercicio, con un
 máximo de 2 (dos) BPC por ejercicios acumulados.
 Los contribuyentes pagarán la contribución directamente ante el Fondo de Solidaridad en
 las formas que éste indique, excepto los afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones
 de Profesionales Universitarios que se encuentren con declaración de ejercicio, quienes
 realizarán su aporte ante dicho organismo previsional, en forma conjunta e indivisible con
 sus aportes a la seguridad social.
 La contribución podrá ser pagada anualmente o en cuotas, en las condiciones que
 establezca la reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo, el que queda facultado para
 establecer pagos anticipados en el ejercicio.
 El Fondo de Solidaridad expedirá a solicitud de los contribuyentes no afiliados a la Caja
 de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y Caja Notarial de Seguridad
 Social, certificados que acrediten estar al día con la contribución especial, con vigencia
 hasta el 31 de marzo siguiente. En el caso de los contribuyentes afiliados a dichas Cajas,
 las constancias de situación regular de pagos emitidas por estos organismos
 previsionales acreditarán a la vez el cumplimiento de obligaciones para con el Fondo de
 Solidaridad y sólo podrán emitirse cuando el contribuyente se encuentre al día en el pago
 de la contribución al Fondo de Solidaridad y sus aportes previsionales, previa
 autorización del Fondo de Solidaridad, quien deberá remitir mensualmente a los
 organismos recaudadores el listado de los contribuyentes en situación regular de pagos.
 Las entidades públicas o privadas deberán exigir anualmente a los sujetos pasivos de
 esta contribución especial, la presentación de la constancia referida en el inciso anterior.
 De no mediar tal presentación, las entidades mencionadas quedan inhabilitadas para
 pagar facturas por servicios prestados, sueldos, salarios o remuneraciones de especie alguna, a los sujetos pasivos titulares del derecho. La inobservancia de lo preceptuado
 será considerada falta grave en el caso del funcionario público que ordene y/o efectúe el
 pago.
 Asimismo, la entidad que incumpla con lo previsto será solidariamente responsable por lo
 adeudado.
 El Banco de Previsión Social y las demás entidades previsionales no podrán dar curso a
 ninguna solicitud de jubilación o retiro sin exigir la presentación de la constancia de estar
 al día con la contribución.”
ARTÍCULO 700.- Declárase por vía interpretativa que, a efectos de la aplicación de la normativa
 relativa al Fondo de Solidaridad, (Ley Nº 16.524, de 25 de julio de 1994, Ley Nº 17.451, de 10 de
 enero de 2002), se entiende por egresado a la persona que aprueba la totalidad de los requisitos
 exigidos por cada plan de estudios, para la expedición de títulos de grado o títulos intermedios,
 tomándose como fecha de egreso la de la aprobación de la última exigencia académica, previa a
 la expedición del título, del plan de estudios correspondiente a la respectiva carrera.

Además se agrega que:

El agro pagará más por la Contribución Rural
En el proyecto de ley de Presupuesto el Poder Ejecutivo elimina una rebaja de 18% en la Contribución Inmobiliaria Rural, lo que implicaría un aumento de la carga tributaria del entorno del 22% de este impuesto a los productores.

Modificaciones en tarifa de OSE, con un consumo mínimo a cobrar de 5 mts cúbicos.

El argumento del diputado Luis Puig, uno de los propulsores del proyecto, de que el nuevo impuesto es de escaso volumen, con un aporte empresarial del 0,5% de “todos sus rubros”, a ser volcado al Banco de Previsión Social como fondo de garantía de créditos laborales.

Tarifas de los combustibles por encima del costo real

Supresión de exoneración impositiva a ópticas y librerías.

El imparable infierno impositivo Uruguayo. Cuarto capítulo

 10.03.2015 09:06

Comparto carta publicada en Ecos de El País: Ediberto Zabala | Montevideo

@|El gobierno ha aplicado una cantidad de aumentos encubiertos, calladitos, que les reportan millones de dólares. ¿Quién puede explicarnos esto? Nadie. Sigue cayéndole al lomo del empresario y del trabajador todos estos robos impresionantes que nos hacen.

1) Para cada receta médica desde hace varios meses debe pagarse un timbre de $ 18 o sea casi un dólar, ¿Cuántos millones de dólares representa este aumento encubierto? Es impresionante, imposible de calcular, pero son millones de dólares.

2) UTE aumentó las franjas desde hace varios meses, el kw tipo hasta 100 costaba $ 3,20. El cargo fijo aumentó 10%. Existía un segundo y tercer escalón, pues ahora dejaron el segundo que aumentó 6,38% y el tercero 10,29% y le agregaron un cuarto escalón a $ 5,86 o sea el doble del precio básico, 5,945%. ¿Cuántos millones de dólares calladitos nos aumentó UTE? ¡Impresionante!

3) El 3% para el seguro de empleadas domésticas cuando antes se pagaba un seguro anual en el BSE que representa un 0,10% del salario de la funcionaria doméstica. Ahora con el 3% que lo cargan en el recibo del BPS, es una cifra espeluznante, son millones de dólares que recaudan y que no se sabe a dónde van.

4) La nafta en enero le pusieron un aumento encubierto, calladitos no dijeron nada en la prensa pero aumentó $ 1,80 el litro de nafta. También esto representa cifras impresionantes.

5) Aumentaron los peajes un 20%. ¿Qué razón hay para aumentar los peajes un 20%? Si el peso uruguayo está fuerte y las carreteras no se arreglan como es debido. Entonces, ¿para qué ese aumento impresionante? ¿Cuánto más se recauda?

6) OSE en enero aumentó 8,58%, calladitos.

7) La IMM en enero aumentó 8,58%, calladitos. Contribución inmobiliaria, tributos domiciliarios, tarifa de saneamiento, patentes de rodados.

Si sumamos todos estos ítems, tiene que ser un especialista, pero son millones y millones de dólares que caen sobren el lomo de los empresarios y trabajadores. Nadie nos puede dar una respuesta de esto, pero lo tuve que dictar porque me da escozor ver estas cosas. ¿Y cuántos otros aumentos hay? no los enumero aquí, pues no da el espacio, todos encubiertos. ¡Increíble!

El imparable infierno impositivo Uruguayo. Tercer capítulo

 


06.01.2015 13:55

Comenzamos y casi finalizamos el 2015, y seguimos incrementando la presión impositiva sobre los ciudadanos, o tal como lo ilustramos, cada nuevo año el estado aprieta un poco más el garrote vil impositivo sobre el cuello de los sufridos contribuyentes.

ANCAP, haciendo un uso abusivo de su posición monopólica continúa cobrando los combustibles al mismo precio, aunque el petróleo vale menos de la mitad de lo que valía en el 2014.

Esto equivale a recaudar unos 50 millones de dólares mensuales por sobreprecio.

A esta recaudación impositiva encubierta hay que agregarle el incremento también oculto en la recaudación por IRPF en el 2015 que paso a analizar:

El gobierno tiene la opción de aumentar el mínimo no imponible en base al incremento del índice medio de salarios (12,6 % aumentó en el año) o por el índice de precios al consumo (aumentó 8,26 % en el año).
Al igual que en años anteriores eligió utilizar el índice que le da un aumento menor del mínimo no imponible. Como los salarios aumentaron más que el mínimo no imponible del IRPF, eso significa que muchos que antes no pagaban comenzaran a pagar este impuesto, y que los que ya pagaban pagaran más. Es el famoso ajuste fiscal que no era necesario implementar. (simplemente porque ya lo están haciendo)
De acuerdo a los datos existentes para que todos siguieran aportando igual, el mínimo no imponible tendría que incrementarse a $ 22.229 (12,65% aumento). El incremento fue de un 8,23%, un 50% menos de lo que debería haberse aumentado. Este incremento encubierto del IRPF se ha repetido en esta forma en los últimos años, por lo cual cada vez más trabajadores pagan más IRPF.

OSE realizó ajustes en sus tarifas, pasando a cobrar un mínimo de 5 mts. cúbicos de consumo independientemente del consumo real, además de otras modificaciones que implican un aumento de lo que se paga por consumo de agua.

En el proyecto de presupuesto se incluyó el incremento de los aportes en monto y en cantidad de años que se deben pagar al fondo de solidaridad por parte de los profesionales universitarios

Se eliminó la exoneración que tenían las librerías y ópticas.

Se eliminó la exoneración de parte de la contribución inmobiliaria sobre los padrones rurales.

Se reinstaló el pago de impuesto de primaria para los padrones rurales. 

No entiendo a que se refería Vázquez, cuando decía que no se crearían más impuestos, y Astori cuando decía que no se iba  a incrementar la presión impositiva. Será otra promesa más, como lo fue la prometida rebaja del IVA cuando se implementó el IRPF. La misma demoró años en llegar, y finalmente llego junto con las elecciones y en forma parcial y transitoria.

La política impositiva sobre la vivienda propicia el desarrollo de asentamientos irregulares

 30.03.2014 22:07

 

Acerca del proyecto Asentamiento Cero presentado por  Pablo Da Silveira:

 

Es muy interesante el enfoque expresado en el proyecto, destacando del mismo el planteo de apoyar al que vive en una vivienda formal, en lugar de apoyar al que está en un asentamiento, dado que es un incentivo perverso que incentiva el crecimiento de los asentamientos.

 

El Estado Uruguayo castiga permanentemente al que realiza su actividad en la formalidad, cumpliendo todas las normas y obligaciones, sancionándolo duramente si se aparta de las mismas, pero premia y recompensa al que está en la informalidad y evade todas las normas y obligaciones.

 

Algunos ejemplos:

 

Si Ud. paga su vivienda deberá pagar múltiples impuestos al comprarla y venderla, así como otros impuestos durante su uso, además de pagar el agua, la luz, el saneamiento, la calle y la iluminación de la misma, y si se atrasa, deberá enfrentar cortes de servicio y severas multas y recargos.  Si no paga sus cuotas se verá expuesto al desalojo y remate de su vivienda y deberá buscar por sus medios donde ir a vivir.

 

En cambio si Ud. decide vivir en situación informal, por ejemplo en un asentamiento, o mejor aún ocupando una vivienda que no es suya, no sólo no pagará ningún impuesto, sino que ni siquiera pagará la luz y el agua, y además antes de desalojarlo, después de años de vivir gratis y destruir la propiedad que ocupó, le darán una vivienda alternativa, gratis, para poder desalojarlo. 

 

Muy importante sería modificar la ley de alquileres que perjudica al inquilino pobre. 

 

Para los pobres solo queda la posibilidad de acceder a una pensión. En materia de alquileres, la imposición del IRPF a los mismos, sumado a la ley de alquileres que inclina demasiado la balanza hacia los inquilinos protegiendo en demasía  a los malos pagadores, termina perjudicando a los inquilinos más pobres que no pueden recurrir a garantías adecuadas y terminan pagando en una  pensión,  mucho más que un alquiler, pero por  vivir en una pieza con baño compartido,  en lugar de poder hacerlo en un apartamento o una casa.

 

El intento de protegerlos termina perjudicándolos y haciéndoles pagar más por menos, y con muchos menos derechos (peor calidad de espacio habitable, ley candado, hacinamiento y menos privacidad)

 

Hay una investigación de la arquitecta Viana, que estableció que es más barato subsidiar los alquileres que regularizar un asentamiento.

 

 Es imposible para las finanzas y recursos de nuestro país regularizar los asentamientos existentes.

 

En el análisis hay que agregar el efecto perjudicial de la política impositiva sobre la vivienda. Dicha política ha llevado a que solo se construya o refaccione al sur de Av. Italia. Fue necesario modificarla quitando casi todos los impuestos que pesan sobre la vivienda, para que se comenzara a construir vivienda nueva al norte de av. Italia.

 

Con la enorme carga impositiva que pesa sobre la vivienda,  el efecto redistributivo de ponerle impuestos a los ricos que tienen vivienda, para repartir a los pobres, debería ser  fabuloso, y todos los pobres deberían tener asegurada su vivienda por parte del estado. Sin embargo el efecto ha sido muy perjudicial para estos y trabajadores en general.

 

 La vivienda se ha encarecido cada vez más, porque lógicamente se trasladan los impuestos a los precios de la misma, y mientras los ricos no tienen problema en acceder a viviendas de calidad, para los pobres, esta alta carga impositiva, que encarece la vivienda, termina alejándolos de las viviendas de calidad del mercado formal. Por ello es que los asentamientos irregulares no han parado de crecer,  siendo esta la forma que los pobres y los trabajadores han encontrado de acceder a una vivienda, evitando las cargas impositivas que le terminan haciendo prohibitivo el acceso a una vivienda formal.

 

Como es bien sabido, el crecimiento de los asentamientos irregulares trae aparejado pésimas consecuencias para el manejo de la ciudad, y para los que viven en ellos alejados de todos los servicios. El Estado al final, además de dejar de recaudar por la informalización de la vivienda,  debe gastar mucho más de lo que recauda en tratar de solucionar aquello que el mismo ha generado, debido a su voracidad impositiva y a su ineficiente funcionamiento. 

 

Es muy caro regularizar un asentamiento irregular, y proveerlo de todos los servicios necesarios (escuelas y liceos, calles, saneamiento, servicios de agua y electricidad, transporte, seguridad, etc.). Regularizar todos los asentamientos le costaría al Estado mucho más que lo que recauda por su política impositiva sobre la vivienda, y por lo tanto es una meta que nunca va a lograr. 

 

Tan cierto es lo que acabo de afirmar, que como señale antes, en Montevideo sólo se construye vivienda nueva en las zonas en que compran los “ricos”. El gobierno ha tenido que proponer un plan de estímulo para la construcción de viviendas en otras zonas de la ciudad, eliminando la mayoría de los impuestos que pesan sobre la misma. 

 

 No hubiera sido mejor antes  de llegar a esta situación, frenar  la voracidad impositiva estatal a tiempo y evitar la distorsión en el precio de la vivienda que terminó perjudicando a los pobres, privándolos de la posibilidad de acceder a una vivienda formal, ya sea comprándola o alquilándola? 

 

Nuevamente, si hacemos la contabilidad global, y ponemos por un lado lo que recauda el Estado por impuestos a la vivienda, y por otro lado lo que deja de recaudar por la informalización de barrios enteros (no cobro de impuestos, de consumos de luz y de agua) además de  lo que gasta en tratar de regularizar asentamientos y proveer de vivienda a los pobres, a los cuales alejó de la posibilidad de comprar o construir su vivienda, seguramente obtendremos un balance negativo. 

 

Por lo tanto,  en lugar de tener un efecto redistributivo, las políticas impositivas castigan y condenan a los pobres a una peor calidad de vida a través de un peor acceso a la vivienda. Siendo evidente además que el Estado ha sido incapaz de construir las viviendas necesarias para los pobres, a pesar de contar con varios organismos al efecto (Plan Nacional de Viviendas, INVE, BHU, Agencia Nacional de Vivienda, y finalmente el plan JUNTOS que se inició con la meta de alcanzar las 50.000 viviendas y hoy en día ha llegado apenas a las 2.000), siendo además que cuando es Estado lo ha hecho, muchas veces ha generado viviendas de muy mala calidad y ha creado graves problemas sociales y urbanísticos (complejos de Casavalle y Barrio Borro, y Cerro Norte) que terminaron provocando el deterioro de los barrios aledaños a donde fueron implantados. 

 

Alrededor de estos asentamientos o complejos problemáticos se genera una espiral de desvalorización progresiva de las viviendas formales en el entorno, que lleva a una pérdida de valor de las mismas. Esto determina la ausencia de inversión, no se refaccionan ni actualizan las viviendas,  y por supuesto la ausencia de proyectos de construcción nueva en dichas zonas, todo lo que conduce a la progresiva desvalorización urbana y deterioro del entorno cada vez mayor. Quedan cada vez más viviendas abandonadas y la mancha de informalización se va extendiendo en forma gradual. Evidentemente el Estado cada vez recauda menos y gasta más a medida que proliferan y se extienden las zonas informales.

 

 

 

Comparto plenamente  el efecto favorecedor que tienen sobre el crecimiento de los asentamientos  las políticas de ayuda social sumado a la persistencia en apoyar a quienes están en la informalidad.

 

Construir regularmente tiene un costo elevado y dificultades burocráticas múltiples (es más fácil construir en el asentamiento) En los 60 existía un programa en la IMM que brindaba planos municipales económicos para auto construcción de vivienda,  que permitían construir regularmente con costos mínimos, que incluían el plano, asistencia técnica, financiación a muy bajo costo de las conexiones al saneamiento y demás servicios, y exoneración de aportes al BPS (que representan un porcentaje muy alto del costo de una obra).

 

La mayoría de los inmigrantes se integraron con su vivienda a la trama urbana de la ciudad regularizada, y poblando gran cantidad de barrios Montevideanos con viviendas de calidad, mediante este sistema. De otra forma hubieran ido a parar a pensiones o a los asentamientos.

 

Para evitar el deterioro de las áreas urbanas ya construidas, es necesario impedir la formación de círculos viciosos de desvalorización debido a la instalación de asentamientos y/o  ocupaciones ilegales, y transformarlos en círculos de valorización positiva mediante inversiones en proyectos de valorización en zonas deprimidas o desvalorizadas (hay varios ejemplos en la ciudad: peatonales en ciudad vieja, construcción de shoppings, términal tres cruces, desalojo de ocupaciones ilegales en edificios y áreas urbanas, reciclaje del mercado agrícola y la ex Alpargatas, el proyectado reciclaje del Cilindro, etc.) además del freno a las ocupaciones y asentamientos y desalojo de los existentes.

 

Estos círculos de valorización que impiden la tugurización de zonas de la ciudad, es imprescindible que se acompañen de una política que ofrezca seguridad en la zona, porque sino se corre el riesgo de entrar en un nuevo proceso de desvalorización, a pesar de las acciones emprendidas.

 

Modificar la política discrecional de la IMM que permitió, y propició durante la primera administración frentista, la instalación de asentamientos por un lado, y por otro se opuso al desarrollo de proyectos de urbanización regular como fue el caso de  Jacksonville, el cual estuvo pendiente de aprobación por más de 10 años y fue bloqueado definitivamente, mientras se autoriza a realizar el estadio de Peñarol en la misma área que era considerada rural. 

Impuestos y asentamientos irregulares

 23.11.2014 16:27

“La mitad de los asentamientos del país se encuentran en la capital. Son 412, según la Intendencia de Montevideo, lo que refleja un crecimiento de estos núcleos poblacionales irregulares; al comienzo de la administración Ehrlich había 365.”

Llama la atención que, en el medio de un constante crecimiento del PBI desde hace años, y de una promocionada reducción de la pobreza, los asentamientos irregulares no paren de crecer. 

O bien hablan del fracaso de las políticas económicas, sociales y distributivas de la riqueza basadas en las ayudas económicas y en la redistribución impositiva, o bien reflejan que a los asalariados y pobres, les resulta cada vez más difícil acceder a una vivienda formal.

El aumento de las cargas impositivas sobre las viviendas determina el aumento de precios, y el alejamiento de las personas del mercado formal de viviendas, tanto para comprar como para alquilar, dado que en un asentamiento no pagan las cargas impositivas que tienen las viviendas formales, logrando abaratar los costos de la construcción y refacción de vivienda y por supuesto del alquiler.

Detalle de impuestos sobre una vivienda:

Al comprarla: IVA (1° venta), ITP, tasas, timbres e IVA sobre honorarios de escribanía, IVA sobre comisión de inmobiliaria

Al usufructuarla: Contribución Inmobiliaria, impuestos de puerta, tasa de saneamiento, e impuesto de primaria, además impuesto al patrimonio.

Al reformarla: IVA sobre materiales, aportes al BPS, tasas y timbres por trámites en la IMM, IVA sobre honorarios de arquitectos.

Al venderla: ITP, IRPF, más IVA sobre comisiones de inmobiliaria.

En caso del alquiler, hay que sumarle el IRPF sobre los alquileres

En total son más de una docena de impuestos distintos sobre el mismo bien, que es algo tan superfluo, lujoso, e innecesario como una vivienda formal.

Es bastante ilusorio pensar que los impuestos los pagan los que construyen las viviendas. Estos simplemente transfieren al precio de venta o del alquiler los costos impositivos que deben asumir. Por lo tanto, los impuestos siempre los terminan pagando los más pobres.

Sería hora de pensar en reducir las cargas impositivas sobre las viviendas, en lugar de pensar en que es posible seguir incrementando los impuestos, como plantea el MPP en un documento donde propone incrementar la contribución inmobiliaria. 

Este planteo va en sentido contrario al plan de promoción de la vivienda de interés social, que promovió y logró la construcción de vivienda en áreas de la ciudad donde la construcción de vivienda nueva era prácticamente inexistente, debido precisamente entre otras cosas, a la elevada carga impositiva que soportaba la vivienda. 

Lo único que tuvo que hacer el gobierno fue reducir la carga impositiva, y comenzaron a construirse rápidamente varios miles de viviendas.

Además, en caso de seguir incrementando la carga impositiva a un sector de la ciudad, se logrará incrementar el proceso de segmentación de la ciudad en un sector de ricos, que puede pagar altos impuestos, y un sector de pobres, mayoritariamente en la periferia y en asentamientos. No parece ser esta una política que contribuya a la integración social que se pregona.

Efectos perjudiciales de los impuestos sobre los supuestos beneficiarios

 23.11.2014 16:42

Los impuestos y sus efectos perjudiciales  para aquellos a los que se pretende beneficiar.

Se quiere incrementar la contribución, para que paguen más los que tienen más, lo cual hará cada vez más inaccesibles las zonas urbanizadas de la ciudad a los trabajadores.

La IMM se negó a realizar una autopista sobre avenida Italia argumentando que provocaría una división de la ciudad entre los ricos al sur y los pobres al norte. Si ponemos impuestos cada vez más altos al sur de av. Italia, adonde se imaginan que van a ir a vivir los trabajadores y pobres que aún viven al sur de Av. Italia. Me pueden explicar como harán para que la ciudad no se fragmente en un área rica con altísimos impuestos y el resto de la ciudad pobre.

Podríamos decir  entonces que estamos frente a la erección de una autopista impositiva que fragmentará aún más la ciudad.

El incremento de la carga impositiva sobre las viviendas determina el crecimiento de los asentamientos donde no se pagan impuestos, y por ende el  vaciamiento de áreas urbanas formales con infraestructura, determinando el crecimiento de la ciudad hacia la periferia y ciudades satélites de Canelones y San José, donde se pagan menos impuestos creando problemas de transporte, tráfico y provisión de servicios educativos, sanitarios, etc.

Además, dado que la IMM gasta más del 80 % de sus ingresos (unos U$S 600 millones) en salarios de sus funcionarios y gastos de funcionamiento, el aumentar los impuestos, significa básicamente que la sociedad está contribuyendo con más del 80% de su aporte, a pagar más salarios de los funcionarios, y apenas le queda un 20 % para lograr algún efecto redistributivo o de justicia social. 

No parece ser un mecanismo muy efectivo ni eficiente de redistribución de riqueza o de justicia social, salvo que los funcionarios de la intendencia sean los únicos pobres y necesitados  de la ciudad,  y por ende los únicos que merecen el apoyo social y económico de todo el  resto de la población de Montevideo.

El imparable infierno impositivo Uruguayo. Segundo capítulo

 El imparable infierno impositivo Uruguayo. 2° capítulo

 

 

28.12.2014 

El imparable infierno impositivo Uruguayo. 2° capítulo

(o una muestra más de lo que puede hacer el garrote vil impositivo).

 

El escribano Anibal Durán en una reciente nota en el País (http://www.elpais.com.uy/opinion/testimonio-inversion.html) menciona que la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU),  patrocina el Salón Inmobiliario Punta del Este (SIPE):  se expondrán en el Salón Inmobiliario proyectos en el entorno de los 600.000 metros cuadrados. Dicha superficie, que equivale a unas 12.000 viviendas de 50 m2 c/u,  supone una inversión de 650 millones de dólares.

De estos 650 millones, el Banco de Previsión Social recibirá por el aporte unificado de la construcción, 174 millones de dólares. Se pagará por mano de obra en el entorno de los 185 millones de dólares para alrededor de dos millones de jornales.

Por concepto de IVA (DGI agradecida), 84 millones de dólares entre IVA ventas e IVA compras. El impuesto a las transmisiones patrimoniales, alrededor de 24 millones de dólares; de IRAE, 55 millones de dólares y Patrimonio, 18 millones de dólares.

Si sumamos los aportes al estado por los distintos rubros, solo en impuestos tenemos unos 181 millones de dólares (un 28 % del total invertido), pero si le agregamos el aporte al BPS suma nada menos que 355 millones de dólares (casi un 55 %) de toda la inversión va a parar a manos del Estado.

Una carga impositiva y de aportes al estado que llega al 55 % de lo invertido parece un monto excesivo y poco estimulante para el desarrollo de cualquier actividad productiva que estimule la inversión.

Pero no es lo único que termina en las arcas estatales, dado que de los salarios, IVA e IRPF mediante la dgi se queda con un porcentaje que puede aproximarse a un 30% de lo cobrado.

De hecho, en Montevideo, el estado ya se vió obligado a reducir esta pesada carga impositiva para que se comenzara a edificar obra nueva para clases medias, dado que la construcción al norte de Av. Italia prácticamente era igual a cero. En realidad el estado logró que se invirtieran más de 1200 millones de dólares por inversores privados, y se construyeran casi 10.000 viviendas nuevas, en muy poco tiempo. (realidad muy diferente al plan Juntos que pretendía construir 50.000 viviendas y aún no llegó a las 2.000)

Pero  al final toda la carga impositiva, por más que sea cobrada a través de diferentes organismos o etapas del proceso de construcción o venta, termina trasladándose al precio final de la vivienda, y por ende todos los impuestos los termina pagando el comprador final  y seguramente quién termina utilizando la vivienda.

Por ello es que la vivienda es tan cara y resulta inaccesible para gran parte de la ciudadanía. Hay que destacar que luego de pagar un 55% de aportes al estado, hay que pagar mas impuestos aun a las intendencia y otros organismos (contribución, impuestos de puerta, primaria, saneamiento, IRPF o ITP)

También es por ello que los asentamientos no desaparecen, y en algunos casos como en Maldonado no han dejado de incrementarse. Fernando Cabezudo, director del Plan de Mejoramiento de Barrios (PMB, ex PIAI), informó que entre 2006 y 2011 detectaron 18 “nuevos asentamientos”. Se sabe que muchos son en Maldonado y Canelones. En el departamento fernandino los asentamientos crecieron hasta 400% en los últimos diez años, ha revelado la intendencia. Hasta allí llegan las cifras oficiales. (http://www.elpais.com.uy/informacion/emergen-asentamientos-nuevos-pese-alza.html)

Parece contradictorio que en los 10 años de mayor crecimiento económico del país, los asentamientos no solo no se hayan reducido, sino que no hayan parado de incrementarse. Pienso que en gran parte esto es debido a los efectos perjudiciales que tiene la política impositiva sobre la vivienda, que en lugar de redistribuir riqueza como se pretende, se termina redistribuyendo malas condiciones de vida vinculadas a la vivienda en un asentamiento. 

En realidad, más allá de las buenas intenciones, redistribuimos  y perpetuamos pobreza en base a impuestos.

El imparable infierno impositivo Uruguayo

 05.01.2014 17:18

 

Enero de 2014

El imparable infierno impositivo Uruguayo.

Tal como se describe en La Divina Comedia, el ciudadano Uruguayo es empujado  año tras año hacia un nuevo círculo, cada vez más profundo, de este infierno impositivo que castiga a todos los  Uruguayos.

En este último año, como si aún pagáramos pocos impuestos, hemos incorporado a nuestra lista de tributos a pagar: una tasa postal de 10%, Incremento del Imesi a los autos 0 km, aumento de las tarifas de UTE por encima de sus costos reales y rebaja de combustibles menor a la que indicaban sus costos reales (ambos constituyen impuestos encubiertos que van a parar a la caja del gobierno central).

La no elevación del mínimo no imponible del IRPF, el aumento hasta el 30% de la tasa máxima de dicho impuesto y el cálculo del valor de la base de prestaciones (sobre la que se calcula el mínimo no imponible y las franjas a pagar del IRPF) por debajo del índice de aumento de salarios hacen en conjunto que  más trabajadores deban pagar IRPF, y que aquellos que ya lo pagaban deban pagar más.

Ahora se habla de incrementar la franja que paga la tasa máxima haciéndola aportar el 30 % a partir de los $ 200.000 de ingresos, en vez de los $ 300.000 actuales, y además se pretende no devolver el exceso de retenciones por FONASA, lo cual equivaldría a llevar el IRPF a una tasa máxima del 36 % o mayor según los casos individuales, sin decirlo específicamente.

El manejo del cálculo de la inflación mediante la manipulación de las tarifas de UTE en diciembre pasado, para que la inflación calculada diera un valor menor al real, y así determinar un menor aumento de salarios, termina castigando a los trabajadores a dos bandas. Se recibe un menor  aumento de salario y simultáneamente se incrementan los impuestos a pagar.

La postergación, una vez más, de la prometida rebaja del IVA que debía acompañar a la aplicación del IRPF, sumado a que se aplicó el IVA a una lista mayor de productos y servicios.

Por último el intento de imponer el ICIR, que aunque apunta a los poseedores de tierras, al trasladarse el impuesto a los bienes producidos los terminan pagando los trabajadores y humildes consumidores finales.

De rebajar el enorme y desproporcionado gasto estatal, de ponerle control al despilfarro de dineros públicos, de mejorar la gestión del estado y hacerla más eficiente, de reducir el número de funcionarios en exceso en muchas dependencias públicas, de despedir a aquellos que no cumplen con sus funciones, de frenar las dádivas estatales hacia aquellos que deciden no trabajar, nadie dice ni una sola palabra.

La única solución que se escucha, es más y más impuestos. 

 

PD: Pareciera que en el 2014 nada cambiara. Comenzamos con el aumento de los combustibles (ya eran los mas caros de toda América) debido al aumento del impuesto sobre los combustibles (Imesi).

La prometida rebaja del Iva cumplió un año mas sin llegar, y el aumento del mínimo no imponible del IRPF esbozó una pequeña elevación, pero inferior al aumento de salarios de modo tal que nadie deje de pagar lo que estaba aportando a la voraz DGI.

PD 2: Parece que a partir del 2015 seguiremos con la misma ideología, todo lo resolveremos con más y más impuestos, dado que desaparecerá una parte de la rebaja transitoria de IVA, estamos pagando los combustibles a un precio arbitrariamente superior a su costo, (lo cual implica una recaudación impositiva encubierta de unos 46 millones de dólares mensuales), el MPP quiere incrementar las contribuciones inmobiliarias en Montevideo, el MSP, quiere que el cobro de tickets mutuales se realice en forma diferencial según la capacidad contributiva del usuario, sin tener en cuenta que ya paga más aquel que gana más (la contribución al Fonasa ya es diferencial según los ingresos), y además la propuesta del nuevo presidente de volver a cobrar Primaria a los inmuebles rurales, además del futuro plan nacional de cuidados, que al igual que el Fonasa se financiará mediante un aporte solidario según el cual pagará más quién gane más. 

Un aporte más y van...

Esto me recuerda al garrote vil, que aplicado sobre el cuello del ciudadano, y accionado por  los diversos organismos del estado, cada uno a su turno, con su afilado lápiz impositivo  va aplicando un nuevo giro al garrote, apretando cada vez más el cuello hasta asfixiarlo completamente.

Delirios impositivos. La historia sin fin

 31.08.2013 00:04

El ministro de economía Lorenzo quiere multiplicar por 3 lo recaudado por el IRPF, que actualmente recauda unos U$S 1.500 millones. Como más del 80 % del impuesto lo pagan los trabajadores que ganan menos de una canasta básica familiar (ver informe de Isaac Alfie) para llegar a recaudar unos U$S 5.000 millones, todos los trabajadores tendrán que pagar 3 veces más IRPF de lo que pagan actualmente.

 

El ministro se justifica diciendo que el Estado necesita más recursos para sus planes sociales y que el impuesto es mucho más bajo que en otros países.

 

Lo primero puede ser cierto, pero haría bien el ministro en poner énfasis en reformar el Estado haciendo que el gasto que el mismo realiza sea eficiente y efectivo. Hay mucho para ahorrar en el funcionamiento de los organismos públicos, y además, tal como ha quedado demostrado en materia de salud, educación y seguridad, el gastar más no necesariamente significa obtener mejores  resultados. Por lo tanto si seguimos incrementando el gasto, sin modificar la forma en que lo hacemos, estaremos simplemente  malgastando el dinero de los uruguayos, sin que logremos los objetivos que se declaran querer obtener.

 

 

Lo segundo es una verdad a medias, y por lo tanto no es cierto. El ministro lo sabe, hay que considerar la carga impositiva global y no cada impuesto en forma aislada. El dato que importa para valorar si la carga impositiva es alta o baja, es la suma total de impuestos que paga cada ciudadano. Analizado de este modo, la carga impositiva global que soportan los ciudadanos uruguayos es de las más altas del mundo, similar a la de países desarrollados. Con una diferencia sustancial, los servicios que reciben los ciudadanos a cambio de los impuestos que pagan son de muy mala calidad, por lo que aparte de pagar los impuestos, los uruguayos deben pagar en forma privada por los servicios de educación y seguridad que no reciben del Estado.