Mujica y una renuncia fiscal imaginaria

Mujica y una renuncia fiscal imaginaria.
El presidente se refirió en su audición radial a la ley de promoción de vivienda social indicando que dicha ley implicó para el gobierno "una fuerte renuncia fiscal".
Pero el presidente también reconoce en su audición, que antes de la ley, más del 80% de la construcción se hacía en la franja costera, o sea fuera del área abarcada por la nueva norma. En conclusión, no existía construcción en las zonas que ahora si se construye gracias a la ley, y por lo tanto no existía tampoco ninguna recaudación impositiva vinculada a la construcción de vivienda.
En conclusión, no existe la tal renuncia fiscal. No se puede renunciar a algo que nunca existió.
Es más, si no se creaba la ley que exonera de múltiples impuestos sobre la vivienda a la construcción nueva en determinadas zonas, nunca se hubiera construido nada (tal como lo reconoce el propio presidente),  por lo tanto la recaudación impositiva hubiera sido igual a cero.
Creo que del análisis de lo ocurrido con la ley de promoción de vivienda social, debería ponerse el énfasis en la comprobación de como la excesiva carga impositiva que soporta la vivienda, llevó a hacer desaparecer la construcción de vivienda nueva, con la única excepción de la construcción de vivienda para los sectores de altos ingresos.
Lo ocurrido demuestra, que el intento de redistribuir la riqueza mediante impuestos, poniéndole impuestos a la vivienda de los ricos para repartir entre los pobres, lo que ha repartido en realidad fue pobreza,  alejando a los pobres cada vez más de la posibilidad de acceder a una vivienda formal.
Es por  ello  que los asentamientos informales no han parado de crecer.
Se debería entonces, en lugar de poner el énfasis en renuncias fiscales y sacrificios del gobierno inexistentes, en el hecho de que las cargas impositivas desmedidas, lejos de repartir riqueza, lo que reparten es pobreza y estancamiento, dado que hacen desaparecer la actividad económica gravada (no existía construcción de vivienda nueva en la mayor parte de la ciudad).
Con la simple medida de eliminar estas cargas impositivas asfixiantes, la actividad constructiva floreció como hongos después de la lluvia. El sector privado por si mismo, sólo con financiamiento privado exclusivo,  determinó una inversión de más de 1.000 millones de dólares y la construcción de miles de viviendas nuevas, de calidad y en áreas urbanizadas, con todos los servicios ya existentes, en tan sólo 2 años.
El estado es incapaz de realizar tamaña inversión ni actuar con tanta celeridad. Para ejemplo sobran los múltiples intentos y varias instituciones estatales creadas para el financiamiento y la construcción de viviendas a lo largo de los últimos decenios (BHU, INVE, PLAN JUNTOS, ANV).
Toda esta actividad constructiva nueva, no le ha costado nada al estado, no ha tenido que crear ningún organismo ni destinar ningún presupuesto para que ello ocurriera.
Todo lo contrario a la imaginaria renuncia fiscal, el estado ha pasado a recaudar dinero extra, dado que todos los salarios generados por esta actividad pagan impuestos, aportan a las arcas del estado vía irpf, iva, etc., amén de todo el circuito de proveedores que trabaja para aportar lo necesario para la construcción,  dado que las exoneraciones impositivas son sólo sobre la vivienda y no sobre los salarios de los que las construyen o trabajan en la provisión de los servicios y materiales necesarios.
Que bueno sería que se redujera la carga impositiva que soporta la ciudadanía en general, en todas las áreas, dado que tal como aconteció con la construcción de vivienda, florecería la actividad económica en general.
Todos nos veríamos beneficiados, inclusive el propio gobierno a través del incremento de la recaudación que el aumento de la actividad termina generando.

Utilidad de las redes sociales en el combate a la inseguridad.

PROCESARON A MUJER QUE COMPRÓ EL CELULAR QUE LE ROBARON A LA TURISTA

Posted by seguridadciudadanacv on mayo 13, 2014 · Dejar un comentario 

http://www.elpais.com.uy/informacion/devolvio-celular-robado-que-compro.html

Este evento demuestra la utilidad que tienen para la ciudadanía el uso de las redes sociales, y la difusión que permiten de los hechos de inseguridad que nos aquejan. Es por ello tal vez, que un funcionario del MEC está haciendo un llamado público a boicotear la aplicación para celulares Citycop, la cual permite hacer denuncias de hechos delictivos que sufrimos o presenciamos en nuestra ciudad.

“La aplicación es fascista”
Con el argumento de que la custodia policial es escasa e ineficiente, el control ciudadano se expande en varios formatos. A las cámaras públicas y privadas, se sumó en los últimos días una aplicación para celulares llamada CityCop. Mediante esta aplicación, los usuarios pueden alertar sobre un robo, que queda registrado sobre el mapa de la ciudad en la pantalla del celular. Se puede señalar ocho delitos. Incluso, los usuarios pueden alertar sobre la presencia de un “sospechoso” en determinado lugar, escracharlo en el mapa, fotografiarlo y subir su imagen a la red, a Facebook y a Twitter. Las denuncias pueden registrarse de forma anónima.

El subsecretario de Educación y Cultura, Pablo Álvarez, considera que la aplicación es fascista y contribuye a la paranoia social. “Promueve el desprecio del espacio público y trabaja sobre el concepto de la peligrosidad. ¿Qué significa sospechoso? ¿Qué significa tuitear que hay dos sospechosos en una esquina? El léxico tiene un tufo bastante feo. ¿Qué significa? ¿Que la ciudad va a estar llena de puntitos donde se ven cosas? Esto aporta a la construcción de una paranoia social que poco contribuye a resolver cuestiones de seguridad. Me parece fascista porque acusa a sujetos. El sujeto que desconozco se convierte en un actor peligroso. Como temo, tuiteo. Termina convirtiéndose en un Gran Hermano, en un mundo orweliano”, dijo Álvarez a El Observador.

El subsecretario de Cultura propone boicotear la aplicación. “Lo mejor es anotarse y subir boludeces: ‘Acá hay una pareja besándose. ¡Qué peligroso!”’. Algunos, ya lo han hecho y esa es la debilidad más evidente de la aplicación.

El gobierno tiene entre sus obligaciones, la de brindar seguridad a sus ciudadanos, para que puedan hacer usufructo de sus derechos. Es la omisión e incompetencia del gobierno en cumplir con sus fines, la que lleva a la degradación del espacio público, y permite la apropiación del mismo por parte de un sector minoritario de la sociedad.
Por suerte la sociedad siempre encuentra formas de cooperar entre sus miembros y defenderse con nuevos mecanismos y herramientas, tanto del accionar de individuos que avasallan sus derechos, como de las omisiones del gobierno que lo permiten.

Razones por las que prolifera la delincuencia juvenil en Uruguay

Comparto link a artículos publicados en el suplemento Que Pasa del  diario El País edición del sábado 3 de mayo de 2014.
Los 2 artículos ilustran sobre como funciona la justicia de menores en nuestro país.
En este artículo (http://www.elpais.com.uy/que-pasa/encarando-justicia.html) se analizan 5 casos ocurridos el mismo día, de los cuales solo en uno de ellos se lleva a cabo el procesamiento del infractor.  Por lo tanto en este día en particular, solo se procesó al menor infractor en el 20 % de los casos presentados.
Si vemos lo que se afirma también, en el segundo artículo publicado en la misma edición (http://www.elpais.com.uy/que-pasa/juzgado.html) sobre que en general se atrapa a 1 de cada 8 infractores (el 12.5 %), y de estos solo se procesa a 1 de cada 5 (el 20 %), tenemos que la eficacia del proceso policial y judicial en conjunto lleva a que solo se procese al 2.5 % de los infractores.
Según el estudio realizado por Ceres, a cargo de E. Talvi y expuesto en una conferencia realizada en junio  del  2013 y publicada en radio  El Espectador(http://www.espectador.com/documentos/130613ceresII.pdf), el mismo confirma plenamente lo que se muestra en estos artículos del suplemento Que Pasa: " ¿Cuál es la probabilidad, se preguntó Talvi, de ser internado tras un delito y tener que  cumplir una condena? La probabilidad es del orden del 10%: sólo el 10% de los delitos cometidos son resueltos por la policía. A su vez, 4 de cada 10 adolescentes que son capturados por la policía son liberados incluso antes de iniciar el proceso judicial." Según este estudio de Ceres,  se inicia un proceso  judicial solo en un 6 % de los delitos cometidos por menores infractores.
Por ello es que la sensación de impunidad frente al delito es algo mucho mayor que solo una sensación. Es una verdad fácilmente palpable por la ciudadanía, que lo sufre, y por los delincuentes que los estimula a continuar en la carrera delictiva, que prácticamente no tiene costo  ni penalización alguna.
Es por ello que estamos como estamos en materia de inseguridad. Vamos bien!!!