Gabriel Pereyra se pregunta si es posible prevenir un homicidio? en su Editorial publicado en El Observador. Pienso que es posible dar una respuesta afirmativa.
Hay muchas acciones diferentes, que pueden en caso de ser aplicadas, prevenir homicidios. Evidentemente no se evitarán todos los homicidios, pero seguramente con acciones preventivas si se logrará actuar antes de que ocurran.
Creo que la política de seguridad aplicada hasta ahora se enfoca en una actitud reactiva, o sea que se actúa tanto a nivel policial como judicial, una vez que se produce el delito u homicidio, y carece de actitudes preventivas eficaces.
También se enfoca en una actitud de considerar al delincuente como un pobrecito, al cual como víctima de la sociedad que es, no se le pueden exigir responsabilidades como al resto de la sociedad.
La mayoría de los homicidios no son rayos en un cielo sereno en la historia de vida del homicida. En general están precedidos de una larga historia de eventos delictivos, la cual no fue interrumpida a tiempo mediante la aplicación de medidas preventivas eficaces.
Esto es muy claro tanto en el caso de los delitos vinculados a violencia doméstica, donde la mayoría de los casos están precedidos de una larga lista de agresiones violentas del mismo agresor, que termina finalmente matando a la víctima, sin que medien por parte del sistema judicial y policial la aplicación de medidas preventivas eficaces que protejan a la víctima y que detengan dicha cadena de agresiones.
Si el agresor violaba las medidas de restricción impuestas por la justicia y se acercaba a la víctima, en general no tenía consecuencia alguna para el agresor. Nuevamente estamos ante la ausencia de sanciones para aquel que trasgrede la normativa impuesta.
Otro causa muy común, los homicidios derivados de intentos de robo o rapiña, aunque se tratara de delincuentes muy jóvenes, incluso menores de edad, la enorme mayoría de ellos, poseían una larga lista de antecedentes penales, a pesar de lo cual se encontraban en libertad, ya sea porque fueron condenados con penas de pocos meses de reclusión, o porque era muy común que los menores fugaran de los establecimientos de reclusión.
Nuevamente en este caso, el homicidio podría haberse prevenido, dado que el delincuente largamente anunció a través de su carrera delictiva que en algún momento iba a cometer un delito más grave, y el sistema fue incapaz de tenerlo en cuenta tomando acciones eficaces sobre dicho individuo, que interrumpieran su carrera delictiva.
En este sentido ver reportaje al jefe de policía que hace referencia a la necesidad de contar con penas de reclusión más prolongadas para los reincidentes. En el reportaje que le hicieron en el semanario Búsqueda al Director Nacional de Policía: Insp. Ppal. (R) Julio Guarteche, destaco del mismo su comentario acerca del problema generado por aquellos delincuentes, que a pesar de su corta edad y estar cargados de múltiples antecedentes penales, habiendo sido procesados recuperan la libertad rápidamente. Esto genera una sobrecarga de trabajo policial desmedida. Dicho de otra forma estamos, como el burro girando siempre alrededor de la noria, persiguiendo a los mismos delincuentes, sin alcanzar nunca el objetivo de mejoría de la seguridad.
También coincido con el Jefe de Policía, en que deberían establecerse mayores tiempos de reclusión para los individuos con más de un delito en su haber cuando son procesados, porque evidentemente no se van a rehabilitar ni van a dejar de delinquir cuando sean liberados.
Como forma de actuar frenando la reincidencia y por ende cortando la carrera delictiva que lleva a culminar en homicidios, propongo que además de la extensión propuesta de las penas para los reincidentes, implementar el sistema de pulseras electrónicas, que se impuso para las víctimas y victimarios de violencia doméstica, para los liberados por un plazo de varios años.
Esta medida seguramente permitiría reducir la reincidencia en la actividad delictiva, dado que permitiría probar la localización del individuo en el lugar que se produjo el delito y proceder a su detención con la prueba de que estuvo en el lugar y en el momento que se cometió el acto delictivo. Además permitiría solucionar los problemas que hay actualmente para identificar a los delincuentes, en los lugares donde hay cámaras por el camuflaje con cascos, gorros y capuchas, y donde no las hay, permitirá la identificación por la prueba de que estuvo presente en el lugar y momento del delito a través de la pulsera con gps.
En un estudio realizado por CERES, dirigido por Ernesto Talvi, y que fuera llevado adelante por Munyo, que estudia el beneficio económico del delito, como explicación del aumento de la delincuencia juvenil. (Conferencia del Dr. E Talvi director académico de CERES, titulada “La Delincuencia Juvenil en el Uruguay Desde un Enfoque Económico y Social: Un Aporte al Debate Sobre las Causas y Posibles Soluciones”, asi como el excelente trabajo de donde se extraen las bases de su argumentación realizado por Ignacio Munyo en CERES, en la cual expone acerca de las causas del aumento de la delincuencia juvenil en Uruguay. (ver espectador.com, sección documentos). Creo que lo mismo se puede aplicar al auge de la delincuencia a nivel de adultos.
Dice E. Talvi en un reportaje realizado en radio El Espectador: “para un joven la decisión de optar entre una actividad legal o ilegal depende fundamentalmente del retorno esperado de cada una de las actividades. Por un lado, el retorno de las actividades legales depende del nivel educativo, los que tienen más educación son los más productivos y por ende los que tienen el potencial de generar mayores ingresos. Por otro, el retorno de las actividades ilegales lo constituye el botín potencial”. Y agregó: “Cuanto mayor es el nivel educativo y mayor el salario que se puede obtener en las actividades legales con relación al botín esperado, menor es el incentivo para optar por la actividad delictiva. Cuanto mayor es la probabilidad de terminar recluido –o sea, ser capturado, procesado, juzgado y condenado–, y cuanto más severa la condena y menor la probabilidad de escape del centro de reclusión, menor será el incentivo a delinquir, ya que no es posible generar ingresos si uno no ejerce la actividad por estar internado”.
Talvi sintetiza en este párrafo varios factores que contribuyen al incremento de la actividad delictiva y sobre los cuales se podría incidir para reducir la delincuencia. Como dijimos anteriormente, que los homicidios por rapiña o robo, en gral. van precedidos de una larga carrera delictiva, las acciones que logren reducir estos eventos, terminarán en realidad contribuyendo a reducir los homicidios.
Comparto plenamente el planteo acerca de los costos y beneficios del delito comparados con los de la actividad formal, así como la diferencia de oportunidades en base a la formación a la que cada individuo logró acceder.
En cuanto a los posibles caminos de soluciones, Talvi plantea dos, por un lado el aumento de las penas (sobre todo la certeza de que es altamente probable que la misma sea aplicada), y por otro la mejora en la calidad educativa a la que se accede.
Creo que debería plantearse una tercera opción: La misma estaría enfocada en reducir el beneficio económico del delito y consistiría en que una vez condenado, el delincuente debe hacerse cargo de los costos que generó por su actividad reparando el daño causado.
Esto incluiría reponer lo robado, más los costos de reparar lo dañado, más el lucro cesante de la víctima, más los costos de atención médica asumidos por la víctima debido a las lesiones provocadas, y los que corren por cargo del prestador de servicios médicos (hoy en día el Estado a través del Fonasa), más los costos de atención en el sistema carcelario (comida, alojamiento, costos de reparación por daños en las cárceles, etc.), y además los costos de su asistencia médica, dado que no aportan a la misma.
Si el delincuente o su familia no poseen bienes con los que responder, debería trabajar hasta lograr producir lo necesario para cubrir todos los costos que le generó a las víctimas y al Estado con su actividad delictiva. Una vez saldada su deuda recién estaría en condiciones de quedar en libertad.
En el caso de los menores de edad, los padres como responsables legales deberían hacerse cargo de los costos generados por la actividad delictiva de los menores.
En la situación actual, el único costo que tiene la actividad delictiva es la prisión o penas alternativas (cuya vigilancia de cumplimiento es prácticamente inexistente), pero no hay ningún mecanismo de aplicación rutinaria que permita la exigencia real de reparación del daño provocado. (en este punto vemos que predomina considerar al delincuente como pobrecito, una víctima de la sociedad, sin que se le puedan exigir responsabilidades, y siempre es considerado como incapaz de responder económicamente)
Esto en cambio rige para las personas que se dedican a la actividad formal, por ejemplo en la medicina es de uso cada vez más común la demanda por mala praxis, en las cuales se busca principalmente la reparación del daño provocado. Lo mismo ocurre en caso de accidentes de tránsito o laborales, donde los responsables de provocar un accidente o siniestro deben asumir los costos de reparar los daños por lesiones o muerte.
Este tema es una muestra más de cómo en nuestra sociedad las leyes, reglamentos y obligaciones se aplican solo a aquellos que están dentro de la formalidad, mientras que aquellos que deciden colocarse en la informalidad escapan a todo tipo de obligación y ni siquiera deben afrontar los costos que generan a terceros por su actividad.
Hay ejemplos abundantes en materia de tránsito (vehículos que circulan sin estar habilitados, sin seguros), vivienda (asentamientos u ocupación de viviendas), comercio (puestos callejeros, periferiantes), etc.
Pero en este tema en particular en el cual se comparan los costos y beneficios de la actividad delictiva y de la actividad laboral formal, es muy claro como el Estado le impone costos y obligaciones al que trabaja en una actividad formal, debiendo pagar impuestos y aportes sobre su salario, excluyéndolo de planes de ayuda social porque tiene un ingreso formal, y haciéndolo responsable de pagar daños provocados a terceros, además de tener que asumir los costos que le impone la delincuencia por los bienes sustraídos, además de la reparación de los daños provocados en el robo ya sean materiales o personales, sin posibilidad de acceder a reparaciones como víctimas, salvo en contadas y recientes excepciones.
Mientras que aquel que está en la actividad delictiva no debe pagar impuestos por los ingresos que recibe fruto de su actividad, no se le hacen pagar los daños que provoca a terceros, ni siquiera debe devolver lo robado ni reparar lo dañado aunque sea condenado, y además accede a todos los planes de ayuda social dado que carece de actividad formal registrada, y por supuesto los costos de su asistencia médica en caso de ser dañado corren por cuenta del Estado dado que se asiste gratuitamente en el sistema público de Salud, al cual no aporta como si lo hacen los trabajadores a través del Fonasa.
Por lo analizado es imposible que la ecuación se revierta a favor del trabajo formal, salvo que haya una decisión política muy firme de incrementar el costo del delito.
Sin lugar a dudas, se debe avanzar hacia un sistema que disminuya el beneficio económico del delito, haciendo que cada vez que un delincuente es procesado por uno o más delitos, como parte de la pena esté incluida la obligación de reparar el daño causado, ya sea a la propiedad (por robo directo o daño a la misma) o a la propia persona (lesiones personales, pérdida de días de trabajo, costos de tratamientos médicos, etc.). La reparación puede hacerse en dinero, sobre las propiedades de los delincuentes, o mediante horas de trabajo volcando el producido a la reparación de las víctimas. Recién una vez que el delincuente haya reparado la totalidad del daño provocado podrá volver a estar en libertad.
Esta última, creo que sería una medida que tendría un efecto mucho más desestimulante de la actividad delictiva que la prisión, dado que eliminaría el beneficio económico de la actividad delictiva.
Hoy en día la misma solo tiene beneficios económicos y carece de costos, dado que incluso cuando el delincuente es procesado, la condena carece de un costo económico. Muchas veces inclusive la misma actividad delictiva continúa desde la cárcel, o inclusive se generan nuevas actividades con beneficio económico dentro mismo del establecimiento de detención (peajes, protección, tráfico de celulares o drogas, etc.)
El otro punto sobre el que se debe actuar es mejorando la educación, para lo cual hay múltiples propuestas y enormes resistencias para llevarlas adelante de parte de los gremios de la educación y de muchas autoridades y políticos de la izquierda que nos gobierna.
Pero también se debe actuar sobre los Ni-Ni, que son aquellos que han abandonado totalmente la educación y el trabajo. De estos individuos solo puede esperarse que obtengan sus ingresos de la mendicidad abusiva o de la delincuencia. En este sentido existe una gran herramienta legal, la cual las autoridades se han negado a aplicar, que es la ley de vagancia (Ley Nº 10.071 VAGANCIA, MENDICIDAD Y ESTADOS AFINES.SE DISPONE SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD).
La misma es una herramienta que posee un enfoque básicamente preventivo del delito, y que permitiría actuar sobre la población que vive en la calle (la mitad de ellos con antecedentes penales) además de los adictos, y aquellos que ni estudian ni trabajan.
La misma establece: Artículo 2º.- En las condiciones del artículo anterior podrán quedar sometidos a las medidas de seguridad que instituye la presente ley.
A) Los vagos, considerándose tales los que no teniendo medios lícitos de subsistencia, no ejerzan profesión u oficio y, siendo aptos para el trabajo, se entreguen a la ociosidad.
B) Los mendigos, considerándose tales los que, siendo aptos para el trabajo, se dedicaren -de modo habitual- a mendigar públicamente.
C) Los ebrios y toxicómanos habituales, que se embriaguen o intoxiquen en lugares públicos.
F) Los que, requeridos legítimamente por la autoridad, no justifiquen la procedencia del dinero o efectos que guarden en su poder o que hubieren entregado a otros para su inversión o custodia.
En principio no resulta aceptable que un sector de la sociedad (los ni-ni) resuelvan por si y ante si que el resto de la sociedad debe trabajar para hacerse cargo de todas sus necesidades, sin que ellos tengan ninguna obligación de contribuir a la misma, ni cumplir con las normas de convivencia establecidas en leyes y reglamentos, garantes de los derechos de todos, sobre todo en el uso de los espacios públicos y manejo de la basura.
Por último y para no extenderme, dado que la mayoría de las rapiñas y robos se producen por sujetos que se desplazan de a dos en una moto, creo que sería de utilidad realizar una vigilancia y control pertinaz y continuo sobre las motos ocupadas por dos sujetos, en general jóvenes, que circulen por la ciudad.
En algún país asiático se llegó a prohibir que circulen dos personas en una moto, bajando las rapiñas a la mitad con esa simple medida.
Sin otro particular, y esperando haber contribuido con alguna propuesta viable a su pregunta le saluda a Ud. atte.,
Manuel da Fonte
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