Ante la propuesta del Partido Independiente a través de un proyecto de ley presentado por el diputado Daniel Radío, que propone que los ciudadanos que perdieron sus documentos fruto de un robo, no deban pagar nuevamente por la obtención de los mismos, creo que el mismo apunta en la dirección correcta, de proteger a las víctimas de la delincuencia, pero es absolutamente insuficiente, dado que los costos para las víctimas son mucho más amplios y abarcan varios ítems más que debieran ser reparados por el estado o por los propios delincuentes.
En ese sentido es que propongo que se considere el siguiente análisis y propuesta acerca de lo que llamaré Impuesto delincuencial.
Impuesto delincuencial:
-Necesidad de considerar su deducción al liquidar IRPF O IRAE.
-Constituye una carga impositiva adicional, que no es considerada al calcular la presión impositiva que soportan los ciudadanos que trabajan y aportan al Estado dentro de la economía formal, ya sea como trabajadores o empresarios.
La casi totalidad de los impuestos terminan siendo pagados por los trabajadores y asalariados, ya que finalmente recaen sobre los costos de los bienes y servicios que estos deben adquirir, y que no tienen la capacidad de trasladarlos dado que son consumidores finales.
Aquellos que no trabajan y/o viven de la asistencia estatal, o aquellos que viven del producto de la delincuencia no pagan impuestos, por lo cual no contribuyen con el sostén del estado y reciben beneficios y prestaciones de parte de este, todo lo contrario de lo que ocurre con los trabajadores que aportan al estado sin recibir beneficios por ello.
El trabajador paga impuestos por un monto que puede llegar a superar el 40% de sus ingresos al sumar una multiplicidad de aportes diferentes como ser: IRPF, IRAE, IVA, IMESSI, impuestos municipales (contribución, impuestos de puerta, patentes), fondo de solidaridad y adicional, impuestos sobre alquileres y a la compra-venta de vivienda además de aportes al BPS en caso de refacción u obra nueva, etc, etc .
A esta gran carga impositiva oficial se suma una carga extraoficial, de monto incierto e imposible de determinar a priori (nunca sabremos cuanto vamos a terminar aportando, ni en que momento lo haremos), ya que depende de la voluntad ajena y la suerte, que llamaremos el IMPUESTO DELINCUENCIAL.
Por tanto los trabajadores y empresarios están sometidos a una doble tributación, una parte estimable y predecible (la estatal), y la otra imposible de predecir (la delincuencial) y que puede trepar a montos imposibles de solventar por el trabajador o pequeño empresario.
El Impuesto delincuencial se compone de varios ítems que incluyen:
- El costo de reposición material de lo robado, más los impuestos que hay que volver a pagar por ello.
- Los costos de reparación de lo dañado para efectuar el robo (reparación de puertas, ventanas, cerraduras, rejas, etc.).
- Los costos de atención sanitaria debido a las lesiones sufridas durante el robo (estos incluyen costos para la persona, la familia, y las instituciones de asistencia médica, que como son todas prestadoras de un sistema único estatal, el Fonasa, son todos costos para el estado)
- Los costos vinculados al lucro cesante por los días perdidos de trabajo ya sea debido a las lesiones que requirieron tratamiento médico y reposo o internación, como los debidos a una incapacidad permanente por secuelas, así como los tiempos empleados en realización de trámites varios vinculado a la reposición de lo robado o dañado en el hecho delictivo.
Dado que hay unos 80.000 robos y unas 16.000 rapiñas por año, es dable pensar que lo recaudado por la delincuencia constituye un monto importante, que los trabajadores y empresarios aportan forzadamente a través del Impuesto delincuencial y que va a parar en forma directa al grupo de la población integrado por los delincuentes y sus familias.
Este monto, que podría calcularse o estimarse, habría que sumarlo a la carga impositiva oficial que soportan los trabajadores, que como se ve en el artículo de Isaac Alfie: “Las verdaderas cifras del Irpf”, publicado en el suplemento Economía y Mercado de El País, donde demuestra que “del total de los contribuyentes (del irpf), el 76% son asalariados que ganan menos de $ 37.396 líquidos al mes (incluyendo en esta cifra la proporción de aguinaldo y salario vacacional)” y agrega: “en los hechos el IRPF es un fenomenal impuesto a los salarios, su recaudación sobre estos representa en el caso de los asalariados un IVA adicional del 16% (como si pagaran 38%)”
Si este impuesto delincuencial sigue con su incremento sostenido, y teniendo en cuenta que la delincuencia actúa sobre todo afectando al sector más humilde de la población, puede llegar a suceder que el trabajo deje de ser una actividad rentable, dado que podría ser que la casi totalidad de los ingresos laborales sean absorbidos por la carga impositiva oficial sumada a la extraoficial.
Si además consideramos los múltiples beneficios que se reciben de parte del estado en caso de no trabajar, se puede llegar a incentivar a que la gente más humilde valore que no es conveniente continuar trabajando en el ámbito laboral formal.
Dado que el estado es responsable de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y considerando que incumple en forma sistemática su obligación, generando la doble carga impositiva descripta a los trabajadores víctimas de la delincuencia y de la voracidad recaudadora estatal.
Que además los delincuentes no realizan aportes al estado, no pagan los impuestos por los bienes que obtienen, ni realizan aportes de irpf o irae por sus ingresos, ni mucho menos aportan al fonasa por la atención sanitaria que reciben ellos o sus familias.
Termina configurándose una situación muy injusta e inequitativa debido a la incapacidad del estado en cumplir con su función de garantizar seguridad, y que esa omisión genera que los trabajadores y empresarios vean incrementada su carga impositiva y contributiva a la sociedad, mientras que el grupo de delincuentes solo obtiene beneficios sin que den ninguna contraprestación a la sociedad.
Por lo anteriormente expresado, es que proponemos, en aras de lograr una distribución más equitativa de las cargas impositivas, que por un lado el impuesto delincuencial (calculado por la suma de los costos derivados de cada ítem referido) sea deducible del irpf o irae, y que la actividad delictiva deba pagar los impuestos correspondientes al irpf o irae, además del fonasa, por sus ingresos, además de asumir y reparar a las víctimas por los costos de los daños que generaron por la comisión de los delitos, cuando son procesados y queda establecida su responsabilidad.
El costo de las deducciones correspondientes a los trabajadores debidos al impuesto delincuencial, que inicialmente lo asume el estado, sería luego trasladado a los delincuentes cuando estos sean procesados.
El argumento de que los delincuentes no tienen recursos para hacer frente a sus obligaciones y que no poseen capacidad contributiva, no es de recibo, dado el volumen de delitos que se registran, es posible estimar que el ingreso global de la población delincuente es elevado. Por ejemplo, si tenemos unos 100.000 delitos anuales, y si cada delito reporta un beneficio promedio de 100 dólares, el ingreso global asciende a U$S 10.000.000.
Pero si el producido promedio por delito es de 300 dólares, la cifra trepa a 30 millones de dólares, cifra que actualmente pueden usufructuar sin pagar impuestos. Estaríamos hablando de una evasión por irpf que podría ascender a cerca de los 10 millones de dólares anuales.
Si tienen dudas acerca de la magnitud del impacto económico del delito sobre la sociedad, pueden ver la siguiente publicación: Un estudio presentado por expertos uruguayos en el seminario "Los costos del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe", realizado por el BID, cuantifica el impacto del delito sobre nuestra sociedad. El estudio, elaborado por investigadores del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) estima algunos de los costos asociados a la criminalidad para el año 2010. La conclusión es que el costo de esas actividades (costo público y privado) sumó en total, en ese año, 1.211 millones de dólares. El 3,08% del PIB uruguayo.
Parece un planteo que algunos dirán es descabellado o ilusorio, pero no es un planteo de mi creación, dado que a Al Capone, lo pusieron preso no por sus actividades mafiosas y criminales, sino por evasión impositiva. Además sería de estricta justicia terminar con la inequitativa situación actual en la cual los trabajadores cargan con todas las cargas impositivas y contributivas al estado (incluidas las no oficiales o delincuenciales), mientras que la población delincuente no contribuye en lo más mínimo con las cargas establecidas, recibiendo en cambio los servicios de la sociedad (educación, salud, ayudas sociales, etc.) para si y sus familias.
Un último beneficio para nada despreciable es que el cobro a los delincuentes de los impuestos debidos a sus ingresos, más la necesidad de que reparen los daños causados a las víctimas, serían un formidable desestimulo a la actividad delictiva, dado que reducirían marcadamente el beneficio económico de lo obtenido producto de la delincuencia.
Manuel da Fonte
No hay comentarios:
Publicar un comentario