Costos y beneficios del delito comparados con los del trabajo formal.
En varias entrevistas en radio y prensa al Dr. E Talvi director académico de CERES, tituladas “La Delincuencia Juvenil en el Uruguay Desde un Enfoque Económico y Social: Un Aporte al Debate Sobre las Causas y Posibles Soluciones”, asi como el excelente trabajo de donde se extraen las bases de su argumentación realizado por Ignacio Munyo en CERES se expone acerca de las causas del aumento de la delincuencia juvenil en Uruguay. (ver espectador.com, sección documentos)
Comparto plenamente el planteo acerca de los costos y beneficios del delito comparados con los de la actividad formal, así como la diferencia de oportunidades en base a la formación a la que cada individuo logró acceder.
En cuanto a los posibles caminos de soluciones, se plantean dos, por un lado el aumento de las penas (sobre todo la certeza de que es altamente probable que la misma sea aplicada), y por otro la mejora en la calidad educativa a la que se accede.
Creo que debería plantearse una tercera opción: La misma estaría enfocada en reducir el beneficio económico del delito y consistiría en que una vez condenado, el delincuente debe hacerse cargo de los costos que generó por su actividad reparando el daño causado.
Esto incluiría reponer lo robado, más los costos de reparar lo dañado, más el lucro cesante de la víctima, más los costos de atención médica asumidos por la víctima debido a las lesiones provocadas, y los que corren por cargo del prestador de servicios médicos (hoy en día el Estado a través del Fonasa), más los costos de atención en el sistema carcelario (comida, alojamiento, costos de reparación por daños en las cárceles, etc.), y además los costos de su asistencia médica, dado que no aportan a la misma.
Si el delincuente o su familia no poseen bienes con los que responder, debería trabajar hasta lograr producir lo necesario para cubrir todos los costos que le generó a las víctimas y al Estado con su actividad delictiva. Una vez saldada su deuda recién estaría en condiciones de quedar en libertad.
En el caso de los menores de edad, los padres como responsables legales deberían hacerse cargo de los costos generados por la actividad delictiva de los menores.
En la situación actual, el único costo que tiene la actividad delictiva es la prisión o penas alternativas (cuya vigilancia de cumplimiento es prácticamente inexistente), pero no hay ningún mecanismo de aplicación rutinaria que permita la exigencia real de reparación del daño provocado.
Esto en cambio rige para las personas que se dedican a la actividad formal, por ejemplo en la medicina es de uso cada vez más común la demanda por mala praxis, en las cuales se busca principalmente la reparación del daño provocado. Lo mismo ocurre en caso de accidentes de tránsito o laborales, donde los responsables de provocar un accidente o siniestro deben asumir los costos de reparar los daños por lesiones o muerte.
Este tema es una muestra más de cómo en nuestra sociedad las leyes, reglamentos y obligaciones se aplican solo a aquellos que están dentro de la formalidad, mientras que aquellos que deciden colocarse en la informalidad escapan a todo tipo de obligación y ni siquiera deben afrontar los costos que generan a terceros por su actividad.
Hay ejemplos abundantes en materia de tránsito (vehículos que circulan sin estar habilitados, sin seguros), vivienda (asentamientos u ocupación de viviendas), comercio (puestos callejeros, periferiantes), etc.
Pero en este tema en particular en el cual se comparan los costos y beneficios de la actividad delictiva y de la actividad laboral formal, es muy claro como el Estado le impone costos y obligaciones al que trabaja en una actividad formal, debiendo pagar impuestos y aportes sobre su salario, excluyéndolo de planes de ayuda social porque tiene un ingreso formal, y haciéndolo responsable de pagar daños provocados a terceros, además de tener que asumir los costos que le impone la delincuencia por los bienes sustraídos, además de la reparación de los daños provocados en el robo ya sean materiales o personales, sin posibilidad de acceder a reparaciones como víctimas, salvo en contadas y recientes excepciones.
Mientras que aquel que está en la actividad delictiva no debe pagar impuestos por los ingresos que recibe fruto de su actividad, no se le hacen pagar los daños que provoca a terceros, ni siquiera debe devolver lo robado ni reparar lo dañado aunque sea condenado, y además accede a todos los planes de ayuda social dado que carece de actividad formal registrada, y por supuesto los costos de su asistencia médica, en caso de ser dañado, corren por cuenta del Estado dado que se asiste gratuitamente en el sistema público de Salud, al cual no aporta como si lo hacen los trabajadores a través del Fonasa.
Por lo analizado es imposible que la ecuación se revierta a favor del trabajo formal, salvo que haya una decisión política muy firme de incrementar el costo del delito.
Creo que esta medida (incrementar el costo económico del delito) sería mucho más eficaz y económica, que intentar revertir la situación mediante el incremento de medidas de fuerza, con más cárceles, más policía, etc.
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